La acción del gobernador republicano se produce tres días después de que el juez federal Jeremy Fogel considerara "quebrantado" el sistema de aplicación de inyecciones letales en California , ampliando así la moratoria vigente sobre las ejecuciones en el estado desde el pasado mes de febrero.
Entrenamiento de verdugos
Según Schwarzenegger, su administración comenzará la labor de seleccionar y entrenar debidamente a los verdugos.
Asimismo, se mejorará el sistema de contabilidad y de registro, para que haya más transparencia en los protocolos de las ejecuciones y el uso de los fármacos letales.
También se mejorará el lugar de las ejecuciones, y se buscará a los más cualificados expertos médicos que asesoren en cuanto a la aplicación de las inyecciones letales.
"Estoy comprometido a hacer todo lo posible para asegurar que el proceso sea constitucional, y que la pena de muerte permanezca en pie en California", dijo el gobernador Schwarzenegger en un comunicado de prensa.
Ejecuciones inconstitucionales
Fogel dictaminó el pasado viernes que los protocolos actuales en el sistema de ejecuciones en California infringen la octava enmienda de la Constitución de EEUU, la cual establece que "no se infligirán penas crueles ni desusadas" a ningún individuo, y específicamente en el caso de Michael Morales, condenado por asesinato.
Morales fue condenado a muerte hace más de dos décadas por la violación y asesinato de la joven Terri Winchell.
La ejecución de Morales estaba prevista para el pasado mes de febrero, pero el juez la paralizó por fallos en la aplicación del cóctel letal que suele inyectarse, lo cual podría causar un sufrimiento excesivo a Morales.
La inyección letal se aplica en tres partes: se seda al reo para dormirlo, se le inyecta un fármaco paralizante, y se le causa el paro cardiaco con una tercera dosis.
Para hacerse adecuadamente y evitar errores, las autoridades necesitan administrar dosis exactas.
"El problema es que los encargados de las inyecciones letales muchas veces no ha recibido un entrenamiento adecuado, ni en la preparación de las dosis, ni en la combinación de los medicamentos, ni siquiera en la inyección en sí de la persona", dijo a Efe la experta en pena de muerte Ellen Krietzberg.
El dictamen del magistrado Fogel dio a la administración 30 días para ofrecer soluciones a los problemas del sistema, aunque esto, según Kreitzberg, no garantiza que las ejecuciones se reanudarán en un mes.
"Esto es algo que va a tardar, porque tenemos un sistema que no es transparente, y que necesita ser investigado seriamente, para que todo cambio sugerido, sea implementado de manera adecuada", agregó Krietzberg.
Actualmente hay 650 prisioneros condenados a muerte en prisiones de California.
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