El Consejo de ministros ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias tras recibir el dictamen del Consejo de Estado.

La norma vuelve a la mesa después de que el Gobierno tramitara el pasado 3 de mayo el correspondiente anteproyecto y pretende que estas instituciones pasen a ocuparse de clientes minoristas y pymes en un ámbito territorial que no podrá exceder una comunidad autónoma o diez provincias limítrofes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado en la rueda de prensa que de esta forma las cajas "vuelven a sus orígenes".

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado, por su parte, que este proyecto de ley da cumplimiento a los compromisos recogidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) acordado con la Unión Europea como parte del programa de asistencia para la recapitalización del sector financiero.

Asimismo, ha dicho que la norma ya no prohíbe que las fundaciones acudan a las ampliaciones de capital, de modo que las que tengan una participación de más del 50% en un banco sí podrán acudir a este proceso, aunque no podrán ejercer los derechos políticos por encima del 50%. La norma —que "en ningún caso" prevé la "dilución de las cajas"— pasará ahora a la tramitación parlamentaria.

De Guindos ya contó al presentar hace un mes el anteproyecto que con este texto se da por culminada la reforma del sistema financiero; y explicó que la limitación de las cajas será triple: material, física y de volumen.

Así, la actividad financiera de las cajas tendrá "una vinculación explícita" con los clientes minoristas y las pequeñas y medianas empresas; demás, las cajas no podrán dedicarse a actividades financieras complejas. Asimismo, según ha dicho el ministro, "tienen que limitar su actuación a una comunidad autónoma", no obstante, podrá sobrepasar este límite siempre que actúe sobre un máximo total de diez provincias limítrofes entre sí.

Por último, el volumen. Las cajas no podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la comunidad autónoma en la que operen. Si se exceden estos límites, ha explicado el Ministerio en una nota, las cajas han de traspasar su actividad financiera a un banco, que será participado por una fundación bancaria.

Se introduce además una nueva regulación de los órganos de gobierno de las cajas: se mantiene la comisión de control porque las cajas carecen de accionistas, se suprime la figura del director general y se establece un sistema electoral para evitar el control político y atribuir dicho control a los impositores.

De esta forma, la asamblea general incluirá la representación de los depositantes, la voluntad fundacional de la caja y los destinatarios de la obra social; el número de consejeros generales estará comprendido entre 30 y 150; los impositores tendrán una representatividad entre el 50% y el 60% de los consejeros generales; las Administraciones Públicas no podrán designar más del 25% de los consejeros generales; y habrá un turno de grandes impositores, de no menos del 50%.

La norma incrementa también la profesionalización de los órganos de gobierno, con lo que se reforzará la incompatibilidad del cargo con el de políticos electos, organizaciones empresariales y sindicales, o de las administraciones públicas. También, se exige que todos los miembros del consejo tengan requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno.

En cuanto a las fundaciones bancarias, que son las que tienen una participación superior al 10% en una entidad de crédito, el proyecto define su régimen jurídico y, entre otras cosas, se refuerza la supervisión financiera en función del grado de control efectivo que ejerzan en la entidad bancaria participada.

Asimismo, obliga a que se transformen en fundaciones bancarias las cajas que actualmente desarrollan sus actuaciones en régimen de ejercicio indirecto, así como las cajas que tengan un volumen superior a los límites previstos en la norma.

Esto se aplica a las cajas que mantengan una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que su límite le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración).

El Ministerio recuerda que todas las fundaciones "están sometidas a rigurosos requisitos de gobierno corporativo" y que, por ejemplo, se impide que los miembros del patronato de las fundaciones bancarias lo sean a su vez del consejo de administración de la entidad de crédito.

Estarán sujetas al control estricto del Banco de España en cuanto a supervisión financiera, aunque será Economía quien ejerza esta función en el caso de que la Fundación opere fuera de su comunidad. Según la norma, las fundaciones que cuenten con una participación superior al 30% en una entidad deberán presentar al Banco de España para su aprobación, un protocolo de gestión de su participación en el banco.

El Banco de España establecerá los criterios de gestión de la participación de la fundación en el banco, las relaciones entre ambos, las normas sobre operaciones vinculadas y el plan financiero para cubrir las necesidades de capital. Las fundaciones con una participación superior al 50% tendrán que presentar en su plan financiero una estrategia de diversificación de inversiones y gestión de riesgos que evite la concentración de activos.

También deberán tener un Fondo de Reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios y garantizar la liquidez

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado un acuerdo sobre el plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista en España, que está "muy en línea con el plan de emprendedores", ha dicho la vicepresidenta. El plan cuenta con 30 medidas y pretende la "consolidación del empleo y el impulso de las ventas", ha explicado el ministro De Guindos.

El Gobierno también ha tramitado un plan de activación del comercio minorista y una serie de medidas que se encuadrarán en el Plan Verano 2013. El plan incluirá iniciativas para reforzar la seguridad en las zonas turísticas, garantizar la circulación en las carreteras o prevenir los efectos de las altas temperaturas.