La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha mostrado su satisfacción por que el redactado de la Ley de Transparencia aprobado ayer por el Congreso deje finalmente en manos de los ayuntamientos la aplicación de su propio régimen disciplinario.

En un comunicado, al FEMP ha recordado que ésta fue una de las propuestas presentada por el organismo al texto inicial aprobado por el Consejo de Ministros, que preveía que fuesen el Gobierno y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quienes tuviesen la posibilidad de penalizar a los altos cargos de cualquier administración que incumpliesen con esta legislación.

En su propuesta, la FEMP defendía que los reglamentos orgánicos de las entidades locales deberían ser los encargados de determinar los órganos y procedimientos sancionadores por las infracciones de la ley.

Esta cuestión fue incorporada finalmente al texto, en el que uno de sus artículos contempla que, cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las autonomías o entidades locales, serán competentes para sancionar "los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento".