Junta tacha de "mala noticia" el concurso de acreedores en Isofotón y confía en que la empresa salga adelante

Rueda afirma que les "hubiese gustado" un acuerdo entre la firma y los trabajadores para no llegar a 360 despedidos

La delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, ha considerado que el anuncio del concurso de acreedores en Isofotón, que prevé presentar la próxima semana, es "una mala noticia" y ha confiado en que la empresa malagueña pueda salir adelante "y volver a ser un referente del Parque Tecnológico de Andalucía".

Rueda ha recordado que la Junta de Andalucía ha apoyado a esta empresa. "Apostamos por ellos y les ofrecimos la posibilidad de continuar con los avales siempre que renegociasen su deuda con las entidades bancarias pero también se han encontrado con la reclamación de una empresa norteamericana", ha apostillado.

Así, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que la firma "se habrá visto abocada a presentar este concurso voluntario", que ya "está fuera de nuestras competencias".

En este punto, ha confiado en que la Justicia tome las medidas oportunas para "intentar que sea viable y salga para adelante". Rueda se ha mostrado contrariada por el número de trabajadores que finalmente serán despedidos y que se eleva a 360 al no haberse alcanzado un acuerdo con el comité.

"Nos hubiese gustado que se hubiera alcanzado un acuerdo, son muchos trabajadores que se van a la calle y la verdad es que es una pena", ha manifestado la delegada, quien ha añadido que la situación general de la firma de placas fotovoltaicas ha hecho "que se hayan visto abocados a no llegar a un acuerdo y a plantear el ERE inicial con los 360 trabajadores".

CSIF

Por otro lado, cuestionada por el inicio, por parte de la Fiscalía de Málaga, de unas diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Málaga respecto a las ayudas públicas concedidas por parte de la Junta de Andalucía a la empresa, Rueda, quien ha afirmado que desconoce esta decisión, ha incidido en que el Gobierno andaluz "concede las ayudas conforme a la legalidad vigente".

"Se hacen estudios muy exhaustivos, pasa por una comisión que es la que las aprueba o deniega", ha aseverado, sosteniendo que las ayudas públicas se otorgan "si cumples unos requisitos, siendo la empresa la que tiene que justificarlas y si no cumple se le obliga a devolverlas".

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