Los ingresos netos de la infanta Cristina pasaron de 229.301,45 euros en 2001 a un total de 325.963,46 euros en 2010, según se desprende de las declaraciones de la renta que la Agencia Tributaria (AEAT) ha aportado al juez instructor del 'caso Nóos', José Castro.

Estos ingresos incluyen retribuciones dinerarias por rendimientos de trabajo y también otras actividades económicas no detalladas que van incrementándose a lo largo de los años desde los 75.000 euros en 2001 hasta los 139.050 de 2008, que es el último año en el que este concepto aparece desglosado.

A partir del año 2009, el formato de la declaración sufre un cambio y no es posible hacer esa distinción entre lo recibido por "nómina" y por otro tipo de actividades, según técnicos tributarios consultados por Europa Press.

Las tributaciones fueron entregadas después de que así lo solicitase el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, quien libró oficio a Hacienda para que informase de las diez últimas declaraciones del IRPF de la infanta y de su marido, Iñaki Urdangarin. La documentación tanto de éste como de su esposa ya se encuentran incorporadas a la causa.

En concreto, la AEAT se remonta al año 2002 a la hora de analizar la tributación del Impuesto sobre la Renta por parte de la infanta, un periodo en el que presentó como rendimientos del trabajo 147.000 euros, mientras que en el concepto de rendimientos de actividades económicas aparecen unos ingresos totales de 75.547,23 euros. Ese mismo año los ingresos arrojan un resultado 220.416,60 euros a los que habría que sumar otro concepto, relacionado con ganancias patrimoniales por otros 8.884,85 euros.

En la declaración de 2003 los ingresos netos son de 286.011 euros, correspondiendo 150.000 euros a los rendimientos del trabajo y 76.504,77 a esas otras actividades económicas sin detallar. Un año más tarde, el neto percibido fue de 248.550 euros, correspondiendo 153.000 euros a rendimientos del trabajo y 83.250 a otras actividades económicas.

Los rendimientos por actividades económicas de Cristina de Borbón siguieron incrementándose en 2005, siendo ese año de 112.500 euros y quedando los reflejados en rendimientos del trabajo por un total de 156.060 euros. El ingreso neto total de ese año fue de 268.580,97 euros, según los citados documentos.

En 2006, el neto fue de 282.237,23 euros. Ese año los rendimientos del trabajo arrojan un saldo de 159.180 euros mientras que los reflejados por actividades económicas ascienden a 124.050 euros. Ese mismo año aparece un apunte relacionado con la venta de un inmueble por 556.067 euros con una ganancia de 382.782,23 euros que no tributa al tratarse de un beneficio dirigido a la compra de otro inmueble.

Un año más tarde, según las declaraciones de IRPF, los ingresos totales se situaron en 288.267,73 euros siendo los rendimientos de trabajo de 162.360 euros y lo obtenido por actividades económicas un total de 131.400 euros. Ya en 2008, que es el último ejercicio en el que se desglosa este concepto, por actividades económicas la infanta declaró 139.050 euros y los ingresos netos se situaron en 295.927,03 euros.

A partir de 2009, las retribuciones dinerarias aparecen únicamente bajo el concepto de rendimientos del trabajo por un total de 311.169 euros situándose los ingresos netos declarados en 315.218,38 euros. En 2010 se reflejan 319.298,32 euros como retribuciones dinerarias procedentes de rendimiento del trabajo, ascendiendo el neto total declarado a 325.963,46 euros.

En 2001, cuando ya se encontraba en Washington (EE UU), Cristina de Borbón presentó una declaración de no residente donde únicamente aparece un apunte de 36.000 euros, que según fuentes consultadas por Europa Press podría estar relacionado con el alquiler a un ciudadano árabe del Palacio de Pedralbes.

El juez Castro ha decidido ampliar y profundizar la investigación sobre la participación de la infanta Cristina en la sociedad Aizoon, que compartía con su marido, Iñaki Urdangarin, para aclarar si pudo cometer delitos fiscales o de blanqueo de capitales.

Por ello, Castro ha dictado un auto en el que ordena a la Agencia Tributaria nuevas diligencias sobre la actividad de Aizoon, el uso de sus fondos, sus ingresos y sus liquidaciones fiscales, y ha reclamado también un informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o apoderada y su patrimonio mueble, inmueble y financiero.