La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, prometió a las autoridades europeas que a partir del 1 de enero de 2015 cumpliría los niveles legales de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2). Sin embargo, la Comisión Europea cree que el Ayuntamiento de Madrid no da garantías suficientes de que reducirá la polución. Por tanto, ni siquiera le permitirá seguir contaminando durante este plazo.

El Ayuntamiento solicitó a la Unión Europea una prórroga para poder seguir sobrepasando los límites de NO2 hasta el 1 de enero de 2015. Como contrapartida, la UE le obligó a tomar medidas que garantizaran que al llegar esa fecha cumpliría los niveles legales. Para ello, Ana Botella aprobó el Plan de Calidad del Aire, con el cual se comprometía a dejar de contaminar a finales de 2014. Sin embargo, la Comisión Europea no confía en que se cumpla el compromiso: "La Comisión no considera demostrado que se alcanzará el cumplimiento al finalizar el periodo máximo de prórroga", según el documento emitido por la institución comunitaria. En consecuencia, Bruselas ha decidido denegar la solicitud del Ayuntamiento para que le concedieran esa prórroga.

Concretamente, el documento de la Comisión Europea, enviado al Reino de España, establece: "Se formulan objeciones a la notificación por el Reino de España de una prórroga del plazo para el cumplimiento del valor límite anual y horario de NO2 fijado en la directiva 2008/50/CE en la zona de Madrid". En la práctica, esas "objeciones" implican una denegación de la prórroga, según fuentes conocedoras de los procedimientos legales comunitarios.

Ahora el Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente se arriesgan a que el Tribunal de Justicia Europeo abra un proceso que podría desembocar en una multa al Estado español por los gases emitidos desde 2010. A ojos de las instituciones europeas, es el Estado quien debe responsabilizarse de que sus distintas administraciones (en este caso, el Ayuntamiento madrileño) cumplan las directivas legales. El destinatario del documento de la Comisión es el Reino de España, dado que los interlocutores de esta institución europea son los estados miembros de la UE. El primero en conocer el escrito es el Ministerio deAgricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, a continuación, se le remitirá al Ayuntamiento.

"La Comisión dejará un breve plazo, de unos dos meses, para ver si se presentan alegaciones o medidas reductoras. Después, se abriría un procedimiento de infracción", explica Samuel Martín-Sosa, portavoz de Internacional de Ecologistas en Acción. Aunque existen pocos precedentes de ello, la UE podría imponer una sanción a España y, por extensión, a Madrid. La cuantía se establecería en función de la cantidad de emisiones, del tiempo que se haya contaminado y de los daños que se hayan producido. "Podría ser millonaria", apunta Martín-Sosa.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de la capital asegura que su plan del aire "es un instrumento válido para conseguir a 31 de diciembre de 2014, los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno establecidos en la directiva europea", aunque destaca que los límites legales "son extraordinariamente exigentes". También defiende que entre 2011 y 2012 "los niveles de NO2 han descendido un 13%" en Madrid y que seguirá "trabajando para reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire". Además, el gobierno de Ana Botella compara su situación atmosférica con "la de la mayoría de las capitales europeas" y recuerda que ya se ha denegado la prórroga a una treintena de urbes del continente, entre ellas Barcelona y Palma de Mallorca.

La institución europea, además, urge a Ana Botella a tomar nuevas medidas para reducir la polución: "Sería necesario incluir medidas de reducción de la contaminación más estrictas en los planes de calidad del aire pertinentes". El plan municipal de Madrid, aprobado en 2012, consta de 70 medidas para disipar la boina de polución. Las más destacadas son la ampliación del horario y la subida del 10% en las tarifas de los parquímetros, la incorporación de autobuses y taxis ecológicos, el fomento de la movilidad ciclista con carriles bici y ciclocarriles y la renovación de calderas contaminantes. Sin embargo, la Comisión no las considera suficientes.

Además, algunas de las medidas incluidas en el plan (como la peatonalización de calles, la creación de áreas de prioridad residencial o un sistema público de alquiler de bicis) están en el aire por falta de presupuesto. Por otro lado, los ecologistas y la Defensora del Pueblo creen que la única medida que surtiría efecto sería el cierre del centro de la capital al tráfico rodado. Pero Ana Botella ha reiterado en múltiples ocasiones que no está en sus planes impedir la circulación en la almendra central.