El BNG ha registrado una propuesta para reformar la Ley de Normalización Lingüística con la que pretende "avanzar en el proceso normalizador" del gallego, que ve "en una situación crítica en muchos ámbitos". Por ello, uno de los apartados en los que más inciden los nacionalistas es el educativo, de forma que aspiran a "garantizar por ley" que "como mínimo" el 50 por ciento de la docencia sea en gallego en Educación Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos.

Según ha explicado la viceportavoz nacionalista Ana Pontón, que presentó la iniciativa acompañada de la profesora Goretti Sanmartín y de la exparlamentaria Pilar García Negro, éste es uno de los retos de la propuesta. De este modo, la iniciativa retoma el espíritu del mínimo del 50 por ciento del decreto aprobado por el Gobierno bipartito y que, posteriormente, anuló la actual Xunta, apostando por repartir por tercios la enseñanza de gallego, castellano e inglés.

Al igual que Pontón, tanto Sanmartín como García Negro han puesto en cuestión que la Administración gallega haya cumplido con su cometido de velar y promocionar el gallego y han considerado "evidente" que no se ha avanzado "lo suficiente", por lo que, coincidiendo con la semana del Día das Letras Galegas, en el año en que se celebra el 30 aniversario de la norma de 1983 y ante el "desolador panorama" actual, han apostado por tratar de "actualizar" la normativa.

"Es evidente que todos los gallegos somos hijos de la imposición del español, que sigue siendo la lengua sistémica y el gallego es prescindible", ha lamentado García Negro, quien ha advertido de que la lengua "no es, en absoluto, un elemento del baúl identitario", sino "una realidad tan material, social" y vinculada a la "pertenencia a un pueblo" que debe ocupar "el primerísimo puesto" en el listado de preocupaciones de la labor política.

De este modo, al margen de la etapa obligatoria y Bachillerato, en Educación Infantil, la iniciativa registrada por los nacionalistas recoge que el profesorado usará en la clase la lengua "de instalación predominante" entre el alumnado, tendrá en cuenta la lengua del entorno y cuidará de que los niños adquieran, de forma oral y escrita, el conocimiento de la otra lengua oficial de Galicia, dentro de los límites "propios" de la correspondiente etapa o ciclo.

En el caso de entornos castellano hablantes, la utilización en esta etapa de la lengua gallega como lengua de comunicación y enseñanza será "como mínimo" igual a la de la lengua castellana. Asimismo, se fomentará la adquisición "progresiva" de la lectura y de la escritura en gallego, en el sentido de que éste se convierta en el "idioma base" del aprendizaje. En la enseñanza para adultos y en educación a distancia, aboga por usar "de forma general" el gallego.

Evaluar la normalización

Además, se pretende que "con periodicidad anual", la Xunta evalúe los resultados de la aplicación de la normativa de normalización en la educación. Al tiempo, se propone que los profesores de los cuerpos docentes universitarios y de las categorías laborales en los que el contrato tenga "una duración superior a dos años" de las universidades públicas debe "acreditar el conocimiento suficiente del gallego" en los concursos de acceso convocados por las universidades.

Conforme los principios de la reforma del BNG, que presenta un texto de este tipo por tercera vez puesto que también lo hizo en el décimo y vigésimo aniversario de la ley actual, quedarían "exentos" de la acreditación del requisito de conocimiento del gallego en los procesos de selección, el profesorado visitante, el profesorado emérito y el que desarrolle una actividad académica honoraria de las universidades públicas.

Uso institucional

En un escenario en el que el gallego "vive un proceso creciente de exclusión social", a juicio de la formación nacionalista, su propuesta pretende regular el uso interno e institucional de la lengua. Así, estipula que todos los cargos públicos de la Xunta, en el desempeño de su función, "utilizarán oralmente y por escrito" la lengua gallego. En el mismo idioma se realizarán "las actuaciones internas de carácter administrativo".

Además, "con carácter general, los pliegos de contratación y los anuncios se aprobarán y publicarán en gallego, sin prejuicio de que se publiquen también en otra lengua oficial si lo exige así la legislación de contratos del sector público. También recoge que los contratistas de la Xunta deberán "respetar los usos lingüísticos" de la Administración en la ejecución del contrato y, con especial hincapié, en la atención a usuarios y en la documentación dirigida al público.

"Todos los documentos escritos que se deriven de relaciones contractuales ente la Administración y las empresas adjudicatarias se redactarán en lengua gallega, así como las señales exteriores (rótulos, indicadores o publicidad) derivados de los servicios objeto de los contratos", continúa el texto, quien también recoge que las comunicaciones y notificaciones de la Xunta en el ámbito de la comunidad se harán en gallego, "sin prejuicio" del derecho de los ciudadanos a recibirlos en español si así lo solicitan.

En el caso de los empleados públicos, la propuesta del Bloque recoge que se dirigirán a la ciudadanía en gallego, sin prejuicio del derecho de ésta a utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales. También apuesta por el "impulso" del conocimiento y del uso del gallego por parte de los funcionarios judiciales y por "impedir" la discriminación de las personas que lo empleen.

En sanidad, los nacionalistas proponen regular que en los centros dependientes de la red pública o utilizados por ella se implante el uso del gallego como lengua de comunicación normal "en todas sus rotulaciones, documentación, historiales y atención al paciente". Para los medios de comunicación, incide en el "mandato legal de uso general" en cualquier emisión en el caso de la CRTVG y en mantener las ayudas para el desarrollo de contenidos en gallego para otros medios, pero "supeditadas" a que su uso no sea "residual y fragmentado".

Topónimos y capacitación de los jueces

La proposición de ley del BNG recoge una serie de disposiciones adicionales, de forma que la Xunta "adopte y asuma" como suyos los textos de la 'Carta europea de lenguas regionales y minoritarias' y la 'Declaración universal de derechos lingüísticos'. También fija que la Xunta debe adoptar medidas para impulsar la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial para que los magistrados "estén capacitados" para desarrollar en gallego su labor en la comunidad.

En el apartado de topónimos, asimismo, se recoge que la Xunta debe tomar medidas para que, "en el plazo de un año" tras la promulgación de la ley, estaciones de autobuses, empresas de transporte de viajeros y de mercancías y cualquier otra firma "respeten y usen los topónimos gallegos" en su forma oficial. El Gobierno gallego también estaría obligado a enviar el listado de los nombres oficiales de los 315 ayuntamientos a instituciones y medios de comunicación para su uso correcto.

Por último, los nacionalistas pretenden que los prestadores de servicios que operen en el territorio gallego "cumplan la legalidad vigente" en usos y normalización de la lengua propia. A tal efecto, su propuesta recoge que "deberán ofertar sus servicios", así como las comunicaciones que mantengan con sus usuarios, "como mínimo" en gallego, sin prejuicio de que lo hagan en otras lenguas cooficiales.