El Gobierno de la Generalitat ha aprobado la Ley de la Vivienda catalana que será implacable contra los propietarios de inmuebles que acosen a sus inquilinos, lo que se conoce como mobbing, para que los abandonen y a los que tengan pisos vacíos y en mal estado durante años en zonas donde haya necesidad de vivienda. (la ley , en pdf)

A los primeros se les podrá sancionar administrativamente "en casos muy graves" con multas de hasta 200.000 euros, según ha afirmado el conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.

En el caso de los propietarios de pisos que lleven vacíos "dos años" y presenten deficiencias, la Generalitat se reserva la posibilidad de expropiarlos "temporalmente" y destinarlos al alquiler si el dueño del piso no acepta una ayuda de la Generalitat para rehabilitarlo ni el aval de la administración para su cesión para el mercado de alquiler. El nuevo texto que se espera sea aprobado en las primeras sesiones parlamentarias del 2007 y entre en vigor

Pisos patera

La nueva ley también perseguirá los 'pisos patera' que albergan un gran número de personas en un espacio reducido. La ley establece un "espacio mínimo vital" y los que exploten estas viviendas para lucrarse económicamente serán persuadidos por la Generalitat, que aplicará "medidas coercitivas" si no hacen caso.

La Ley de la Vivienda regulará todas las actividades relacionadas con la construcción de la vivienda desde que se ponga la primera piedra.

La creación de vivienda pública es otro de los objetivos del texto. Baltasar ha dicho que el gobierno se plantea hacer "como mínimo" 50.000 viviendas de protección oficial en los próximos años aunque el conseller ha avisado que los frutos "tardarán en llegar" ya que los trámites para crear este tipo de vivienda tardan "cuatro o cinco años".

La Generalitat espera la colaboración de los ayuntamientos a los que se les permitirá hacer su plan local de vivienda con el objetivo de que todos los municipios con más de 3.000 habitantes tengan en 20 años un 15% de vivienda pública.

Para que no se provoquen irregularidades en el desarrollo de la vivienda pública se creará un único registro de solicitudes de vivienda social o protegida.