El Ejecutivo murciano manifestó hoy su respaldo al proyecto de ley, recientemente aprobado por el Congreso, que dará a las comunidades autónomas las competencias en materia de inspección y sanción en el ámbito del transporte por carretera, según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Así, el director general de Transportes y Puertos, Antonio Sánchez-Solís, explicó que el objeto de esta reforma es "señalar de forma más transparente cómo se distribuyen las competencias delegadas por parte de las comunidades, en materia de inspección y sanciones".

"Valoramos esta nueva normativa, que ahora pasa al Senado, porque refuerza las competencia que ya tenemos en materia de inspección y permitirá optimizar toda la gestión de los servicios de transporte", indicó el director general.

Sánchez-Solís señaló que este cambio normativo viene propiciado como consecuencia de la reforma, que actualmente también se está tramitando, de la ley de ordenación del transporte terrestre (LOTT), "en la que se incluyen una serie de medidas cuyo objetivo es mejorar la competitividad y la eficacia empresarial en este sector".

Por otro lado, apuntó que la reforma de la LOTT, cuya modificación actualmente está en su última fase, "pone su acento en la lucha contra el intrusismo profesional, que es precisamente lo que ha motivado que se modifique la ley de facultades aprobada esta semana".

"En concreto, se ha modificado para que los servicios de inspección del transporte regionales puedan realizar sus funciones y, en su caso sancionar, en los centros de trabajo y vehículos de las empresas situadas en la Región, con independencia del ámbito territorial en que hayan desarrollado los servicios y actividades objeto de inspección", precisó.

Y es que, según Sánchez-Solís, "esto permitirá optimizar y mejorar notablemente los servicios de inspección y evitar el intrusismo profesional, todo ello en consonancia con las demandas del sector del transporte".

Una distribución de competencias más transparente

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó esta semana el proyecto de Ley Orgánica de Delegación de Facultades del Estado en las comunidades autónomas en materia de transportes por carretera y por cable, por la que se modifica el artículo 10 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio.

Así, el artículo 10 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, atribuye al Estado las competencias en relación con los transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una autonomía.

Mediante dicha Ley se pretendió la implantación del principio de ventanilla única en la gestión de competencias administrativas, evitando las disfunciones que la existencia de varias Administraciones superpuestas podía suponer en relación con una actividad que, por definición, implica un desplazamiento sobre el territorio.

Con la finalidad de evitar que se produzca tal situación de dudas acerca de la correcta articulación en el ejercicio de las competencias delegadas, se ha considerado conveniente modificar la redacción del citado artículo, a fin de señalar de forma más transparente cómo se distribuyen las competencias en esa materia entre las distintas comunidades.

Asimismo, se delega en las autonomías la facultad sancionadora sobre las infracciones que detecten en el ejercicio de las actuaciones inspectoras, incluso cuando la gestión de los servicios o actividades afectados no haya sido objeto de delegación o haya sido delegada en otra comunidad.