La Audiencia de Valladolid ha condenado a un año de cárcel al que fuera representante de la inmobiliaria Estévez & Valbuena, Diego V.G, por cobrar en 2006 un total de 6.000 euros de señal a una mujer por una vivienda en Arroyo de la Encomienda para cuya promoción no había recibido autorización del constructor y que incorporó dicha cantidad a su patrimonio particular, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En su sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial considera al procesado autor de un delito de estafa y, amén de la citada pena privativa de libertad, le impone la obligación de indemnizar a la perjudicada con más de 6.000 euros.

Lo llamativo del presente juicio es que el mismo se desarrolló en ausencia de ahora condenado, algo que suele ser habitual en los juzgados de lo penal cuando la pena solicitada para el acusado no compareciente es inferior a los dos años pero que en el caso de la Audiencia Provincial es mucho menos frecuente.

Sin embargo, la sala que preside Feliciano Trebolle optó por celebrar la vista con el fin de evitar una nueva suspensión, algo que ya ocurrió el pasado día 4 de marzo cuando Diego V.G, para quien el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitaron penas de un año y medio y dos años de cárcel, respectivamente, excusó su incomparecencia por motivos económicos que le impedían sufragarse el pasaje a Valladolid desde la isla de Fuerteventura, donde reside desde hace años.

El procesado ha sido hallado culpable de la estafa de la que fue víctima la pensionista Josefa M, quien en el acto del juicio ratificó que en 2006 entró con sus hijas en las oficinas de la ya extinta inmobiliaria Estévez & Valbuena, con sede por aquel entonces en la Acera de Recoletos, tras ver expuesta en su escaparate una promoción de viviendas proyectada en la urbanización Campo de Golf, en Arroyo de la Encomienda, y se interesó por un piso bajo por el que pagó al acusado una señal de 6.000 euros tras la firma del correspondiente contrato de arras.

Meses después, ante la imposibilidad de contactar con Diego V.G, la clienta se personó en las oficinas de la inmobiliaria y descubrió que la sociedad había cerrado. Fue entonces cuando logró finalmente hablar por teléfono con el procesado y concertar una entrevista en la sede de la empresa, donde, tal y como explicó la denunciante, el agente inmobiliario se desmarcó de la operación.

Problema de memoria

"Me dijo que no se acordaba de nada", recordó Josefa, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, añadió que contactó entonces con el constructor de la promoción, residente en Salamanca y que no pudo testificar por haber fallecido, y éste no sólo se sorprendió de lo ocurrido sino que le aseguró que el agente inmobiliario no había sido autorizado para promocionar la construcción al no haber llegado a un acuerdo debido a lo elevado de las comisiones requeridas.

Ante ello, el Ministerio Fiscal y la acusación particular elevaron a definitivas sus peticiones de pena, que incluían la correspondiente indemnización por parte del procesado, tras considerar probado que Diego V.G. cometió un delito de estafa. "En fase de instrucción el acusado niega la mayor, si bien en el acto del juicio ha quedado totalmente acreditado que tuvo un ánimo defraudatorio desde el principio", aseveró el fiscal.

La defensa, sin embargo, pidió un fallo absolutorio por entender que su cliente y el constructor habían llegado a un acuerdo para que el primero promocionara el proyecto, algo que atestiguaría el hecho de que la inmobiliaria contaba con los planos y la documentación preceptiva, y tras sostener que Diego V.G. no se quedó con los 6.000 euros sino que fueron ingresados en la cuenta que la constructora tenía abierta para tal fin en Ibercaja.