El Gobierno vasco recurrirá a la comisión bilateral la inclusión de las líneas y tramos vascos de ferrocarriles en el catálogo de interés general del Estado y el consejo de Gobierno estudiará el próximo martes, y en su caso aprobará, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, en el que se contempla esta decisión.

El Ejecutivo constata que en ese decreto, a pesar del título de "medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo", se recoge en su artículo 38 y anexo un "Catálogo de Líneas y Tramos de la Red Ferroviaria de Interés General del Estado" que, a su juicio, vulnera las competencias de Euskadi en materia de ferrocarriles prevista en el artículo 10.32 del Estatuto de Gernika.

Según ha explicado, ese catálogo incluye un listado de las líneas y tramos de ferrocarriles que el Gobierno español considera de interés general y al comprobarlo, el Gobierno vasco se ha dado cuenta de que incluye todas las líneas de ferrocarriles que discurren por la Comunidad Autónoma vasca.

Esta catalogación de todas las líneas que discurren por Euskadi como de "interés general", supone "una petrificación a futuro de su gestión exclusiva por parte de la Administración General del Estado imposibilitando así su posible futura transferencia a Euskadi".

En concreto, se trata de 11 líneas y tramos de las que seis transcurren íntegramente por territorio de la Comunidad Autónoma. Son, entre otras, los casos de la línea 106 a Irún, la 720 todavía de RENFE entre Santurtzi y Abando, la 722 entre Muskiz y Barakaldo, la 782 entre Ariz y Basurto hospital, 784 entre Lutxana-Barakaldo e Irauregui, entre otros. Según ha apuntado, son líneas cuya transferencia a Euskadi ha sido "innumerables veces demandada" por parte del Gobierno vasco.

Apercibimiento del tc

El Gobierno vasco cree que esta "maniobra" del Gobierno central es "contraria a la transparencia y a la lealtad institucional", ya que se ha intentado hacer de manera "encubierta" a través de un Real Decreto-Ley ajeno a la materia de ferrocarriles.

En este sentido, ha recordado al Ejecutivo del PP que el Tribunal Constitucional ya apercibió al Gobierno sobre esta práctica "fraudulenta" en una sentencia de 18 de diciembre de 2012, en la que se anuló un anterior intento de "petrificar" en el "Catálogo de Interés General del Estado" todas las infraestructuras, cuando la legislación establece que no puede incluir las que discurren íntegramente por el territorio de una Comunidad Autónoma.

Negociaciones bilaterales

El Gobierno vasco ha optado por dirimir esta cuestión en la "Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco" de manera que si el Gobierno español acepta, se abrirá un plazo de seis meses para negociar los puntos en conflicto por invasión competencial.

Esta comisión bilateral además, está negociando en estos momentos otro conflicto de competencias en torno al Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, en la parte que se refiere a la gestión del Plan Prepara de los 400 euros para los parados de larga duración.

Según ha recordado, desde el comiendo de esta legislatura, esta Comisión Bilateral ha llegado a cinco acuerdos que han evitado acudir al Tribunal Constitucional, en relación con determinados preceptos de diversas normas como son el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo, el Real Decreto-ley 16/2012 en materia de salud, la ley vasca de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas Transexuales, la ley vasca contra el Dopaje en el Deporte y la ley de Cajas de Ahorro de Euskadi.

Recursos al tc

En cambio, ha añadido que no ha sido posible el acuerdo y se ha recurrido al Tribunal Constitucional en 5 ocasiones desde que comenzó la legislatura. En concreto, por las leyes de Presupuestos Generales del Estado de los años 2012 y 2013 y el Real Decreto-Ley del Estado 20/2012, de 13 de julio, de medidas de estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (con asuntos de funcionarios y de comercio). Además el Gobierno central ha recurrido la Ley vasca de ordenación del Sistema de Seguridad Pública y la Ley vasca de Entidades de Previsión Social Voluntaria.