Los españoles pueden acudir desde este domingo a Naciones Unidas si consideran que son vulnerados por el Estado sus derechos económicos, sociales y culturales.

Esto es así por la entrada en vigor en España el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por Naciones Unidas en 2008 y que han suscrito varias decenas de países.

España lo ratificó en 2010, y con su entrada en vigor de acuerdo con los plazos fijados en la normativa, se compromete a reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para recibir y examinar comunicaciones de ciudadanos o grupos de ciudadanos que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de sus derechos económicos, sociales y culturales.

El citado comité no examinará una denuncia sin antes haberse cerciorado de que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción de cada país, pero no aplicará esta norma cuando la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente.

Los recursos a este comité deberán presentarse en el plazo de un año tras haberse agotado los de carácter interno y no podrán plantearse hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor de este protocolo.

No aceptará tampoco recursos que no estén suficientemente fundamentados o que se basen de forma exclusiva en informes difundidos por los medios de comunicación.