El Ejecutivo firmará un convenio con CGPJ y FAMPC para el realojamiento de desahuciados

Beneficiará a personas en riesgo de exclusión social que pierdan su vivienda habitual, tanto por impago de hipoteca como del alquiler
El consejero de Presidencia del Gobierno aragonés
El consejero de Presidencia del Gobierno aragonés
EUROPA PRESS
El consejero de Presidencia del Gobierno aragonés

El Gobierno de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) firmarán en dos semanas un convenio mediante el cual se agilizará el realojamiento de personas desahuciadas de sus viviendas habituales.

El consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciado esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que, cuando se tramite un desahucio, el juez dará aviso inmediatamente a la Administración autónoma para que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) busque inmediatamente una vivienda para los afectados, siempre y cuando hayan perdido su residencia habitual.

Ha dejado claro que no todos los ciudadanos desahuciados se podrán beneficiar, puesto que algunos perjudicados por los desahucios pierden su segunda residencia, no la habitual.

La medida, que también beneficiará a los desahuciados que vivan en régimen de alquiler, está destinada a "quien realmente tiene un problema, pierde su primera vivienda y no tiene capacidad para buscar otra", personas "en riesgo de exclusión social", ha recalcado.

"Tiene que llegar esa solución antes de que se produzca el lanzamiento" judicial, ha dejado claro el consejero, quien ha considerado que "ningún ciudadano aragonés debe tener un problema de este tipo porque no es permisible". El desahucio podrá ser suspendido por un periodo de 10 días si así lo decide el juez.

Para realojar a los desahuciados el IASS recurrirá al Plan de Gestión Social de la Vivienda, que incluye el uso del parque de viviendas del que es titular, y también mantendrá contactos con las entidades financieras y ayuntamientos. De Castro ha precisado que no se puede obligar a un banco o caja a tomar esta medida, pero sí les propondrán participar.

Stop desahucios

A preguntas de los medios de comunicación, Roberto Bermúdez de Castro ha valorado la sanciones impuestas, de entre 200 a 1.500 euros, a miembros de Stop Desahucios, que el pasado 9 de abril, participaron en un escrache ante la vivienda del portavoz municipal del PP-Zaragoza, Eloy Suárez.

Al respecto ha afirmado que "hay muchos mecanismos para poder reivindicar los derechos". Ha agregado que hay "otros métodos de todo tipo para llevar a cabo para llevar a cabo protestas legítimas" y ha dejado claro que "a mí en el escaño me han puesto los ciudadanos".

El consejero ha rehusado valorar el procedimiento administrativo puesto en marcha por la Delegación del Gobierno en Aragón, procedimiento que desconoce, pero "si lo han puesto es porque lo marca así la Ley", ha finalizado diciendo.

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