Afectados consideran un "fraude de Estado" la nueva Ley de Costas que provoca más inseguridad jurídica

Afectados consideran un "fraude de Estado" la nueva Ley de Costas que provoca más inseguridad jurídica

Los afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas, consideran que la modificación de la normativa es "un fraude de Estado" que provoca mayor inseguridad jurídica y critica la inclusión en el Senado de algunas enmiendas que suponen "absolutas agresiones contra los ciudadanos del país".

Los afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas, consideran que la modificación de la normativa es "un fraude de Estado" que provoca mayor inseguridad jurídica y critica la inclusión en el Senado de algunas enmiendas que suponen "absolutas agresiones contra los ciudadanos del país".

"Antes ya estaba mal, pero ahora está peor", ha manifestado en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, que ha señalado que el proyecto que salió del Gobierno era mejor para sus intereses que el que el que ha aprobado el Senado este martes y que ahora volverá al Congreso de los Diputados.

Sobre la inseguridad jurídica, Ortega critica que el plazo máximo sea "hasta" 75 años porque esto permitirá dar concesiones por 5 o 10 años y ha añadido que el hecho de que las concesiones se puedan dar por plazos prorrogables es "un fraude de Estado".

Además, critica la enmienda al artículo 13 que sobre la regresión en la costa por la subida del nivel del mar, ya que esto es un fenómeno que sucede en el Mediterráneo a causa de los áridos para la realimentación de playas y ha acusado a los miembros de la Dirección General de Costas de tener "un pacto siniestro" y no hacer obras de restauración a propósito para favorecer este fenómeno.

"Es una maniobra silenciosa que consiste en dejar que el mar avance hasta que sea una cuestión de seguridad y la gente tenga que irse sin ningún tipo de compensación. Esto es una operación fraudulenta que lleva años y que es muy difícil de ver porque es pasiva, pero ahora el Estado se quita la careta", ha apostillado.

En este sentido, ha añadido que la ley apunta al cambio climático pero no se refiere al efecto sombra de los puertos sobre los áridos, por lo que denuncia que el Estado está creando las condiciones para que el mar entre en las casas de los propietarios. "Este es un regalo que han hecho los senadores del PP en esta enmienda que lo único que hacen es sumir en más problemas a los afectados. De más seguridad jurídica nada, al revés", ha lamentado.

En cuanto a la revisión de los deslindes, Ortega vaticina que no se van a revisar porque no hay una definición nueva del dominio público así que no hay justificación regulatoria, por lo que estima que eso es "pura escenografía".

Por último, ha asegurado que él no patrocina el ladrillo sino que defiende a gente que ha sido víctima de la Ley de Costas. "Aquí la discusión está entre los que piensan hay que proteger el litoral gratis y los que piensan que no se puede expropiar sin indemnización", ha resumido la cuestión porque afirma que los propietarios también quieren proteger el litoral, pero con un precio. A su juicio, "hasta el ecologista más ecologista del mundo, si tuviera una casa heredada de su abuela y le dijeran 'váyase' no querría que fuera sin indemnización".

Pagarán los ciudadanos

Por su parte, la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costa, Carmen del Amo, coincide con Ortega en que esta norma no ofrece mayor seguridad jurídica y que las concesiones de darán "a voluntad del Gobierno".

Asimismo, critica que a partir de ahora todos aquellos que vivan en primer y segunda línea de playa tendrán que pagar con una "contribución especial" hasta el 50 por ciento de todas las obras públicas que se realicen en el litoral, tales como mejora y conservación de playas, obras en paseos marítimos. "Si el dominio público es para el disfrute de todos, que paguen todos y no los propietarios que, encima de quitarnos la casa tenemos que pagar las obras públicas", ha subrayado.

Por otro lado, acusa al Gobierno de "confundir" a la opinión pública con el tema de los plazos y ha precisado que las concesiones que terminan en 2018, las que tienen un periodo de 30 años, son las que se emitieron a industrias en el litoral, como las empresas papeleras, mientras que no están caducando las de los propietarios de viviendas, que tienen 30 + 30 años. "Nos han dejado peor que estábamos", ha asegurado.

Del Amo ha recordado que la Ley también es cuestionada por el Parlamento Europeo que ha insistido en que "la concesión por más tiempo no es una indemnización y que si el Gobierno quiere la propiedad tiene que pagar".

Al mismo tiempo, ha aclarado que la servidumbre de protección "siempre" ha sido privada, nunca pública porque no es dominio público marítimo terrestre, que no peligra. Esto significa que esa rebaja de 100 a 20 metros será terreno que quede liberado y dentro de ordenación, pero no es suelo público.

A su juicio, la aplicación de la ley, "en la que todo queda a voluntad del Gobierno", será clave y ha denunciado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha contado con su participación, ya que devolvieron a la Asociación "todas" las alegaciones presentadas. Concretamente, ha dicho que propusieron una reunión "a tres" entre organizaciones ecologistas, de afectados por la ley y Ministerio, un encuentro que "nunca se ha llegado a producir" y con el que considera que se podría haber evitado todo esto.

Del Amo quiere que se devuelva "gratis" la propiedad privada a los propietarios y "no solo" a los de Formentera y Ampuria Brava, a los salineros. Por otro lado, ha añadido que el Estado devolverá "dependiendo de su voluntad" a quienes tengan una propiedad tras un paseo marítimo realizado por el Estado. Por su parte, los 12 municipios que han sido excluidos y que, por tanto, serán amnistiados, "les tocará volver a comprar la propiedad que el Gobierno les quitó".

Finalmente, ha manifestado que no entiende por qué el Ejecutivo no ha esperado a iniciar la reforma de la Ley a que se apruebe, en los próximos meses, una directiva europea sobre las costas, en la que dice que se respetará la Carta Europea de Derechos Humanos, que considera como un derecho la propiedad privada. "Se van a meter en un problema que podrían haber evitado", ha advertido.

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