Las cofradías de San Telmo y Lourizán en Pontevedra, junto con la cofradía de Raxó y la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra han remitido un escrito a la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea para reiterar una denuncia presentada en julio de 2009 por la presunta "utilización fraudulenta" de fondos estructurales destinados a los rellenos del Puerto de Marín.

Esa actuación ha provocado, según los denunciantes, "un grave daño al medio ambiente, los recursos naturales y la economía del interior de la ría de Pontevedra" y al que responsabilizan de la desaparición de más de 400 puestos de trabajo, "con lo que esto supone de pérdida de riqueza y beneficios sociales".

Las cofradías y la APDR argumentan que el impacto negativo de esos rellenos sufragados con fondos Feder "es contrario al reglamento que rige el reparto de los mismos, que explícitamente exige que no se financien obras que impliquen esos daños ambientales y sociales".

Los denunciantes han sido informados por la Dirección General de Política Regional y Urbana de que este organismo le ha comunicado al Gobierno español el contenido de la queja, a lo que el Ministerio de Economía y Hacienda respondió que los trámites se habían realizado "de acuerdo con la legislación medioambiental vigente y siguiendo los procedimientos reglados", según los promotores de la denuncia.

Desde la APDR y las cofradías del fondo de la ría de Pontevedra sostienen que esa afirmación "se contradice" con la sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2009, que aludía a la ría de Pontevedra como "un espacio de alto valor medioambiental y ecológico".

Estas organizaciones acusan al Estado español y a la Autoridad Portuaria de Marín —que acaba de obtener la aprobación provisional de su nuevo Plan Especial— de "incumplir" la legislación española y comunitaria.

"atajar el daño"

"Es evidente que ni se potencia el crecimiento, ya que las actividades que proporcionan empleo podrían realizarse en cualquier otro lugar sin ningún relleno, y se destruyeron puestos de trabajo en una actividad sostenible y de gran valor ambiental, económico y social como el marisqueo", añaden.

Los colectivos de mariscadores y la APDR emplazan a la Unión Europea a "actuar ahora en consecuencia para atajar el daño" para evitar la desaparición de la pesca y el marisquero, al advertir que "la disminución de la productividad anuncia que la degradación está poniendo en peligro el sistema natural".