La acusación popular ejercida por el PSOE ha presentado en el juzgado de instrucción número 1 de Ourense un escrito de acusación en el que pide para José Luis Baltar, imputado en una investigación por supuestos contratos irregulares en la Diputación de Ourense, seis años de prisión y 19 de inhabilitación, así como más de 300.000 euros en multas, por los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación.

En el escrito, el PSOE reclama también para Baltar una fianza, como medida cautelar, de al menos el 50 por ciento del coste de los 104 puestos de trabajo que decretó, tramitó y aprobó entre enero y marzo de 2010, o se embarguen sus bienes en el caso de que no la ingrese.

El PSOE presentó el viernes su escrito de acusación correspondiente al auto de imputación del juzgado de instrucción que hace dos semanas abrió con su escrito el procedimiento de juicio oral para el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar, investigado por prevaricación continuada tras una querella presentada por la Fiscalía en enero de 2013.

En su escrito, la acusación considera que, tras la instrucción judicial, de 4 meses, procede imponer a Baltar una pena de 10 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuada.

Además, pide 6 años de prisión, otros seis años de inhabilitación y 219.000 euros de multa por delito de falsedad en documento oficial, tanto el tipificado como "falsedad ideológica" como si además se comprueba el de "falsedad material", y otros 3 años de inhabilitación para cargo público y 109.000 euros de multa por el delito de malversación de fondos.

El escrito de acusación incluye el pago del imputado de una "indemnización", en este caso a la Diputación de Ourense, del importe equivalente al utilizado de los presupuestos de la institución para los salarios, cotizaciones sociales y otros ingresos de las 104 personas contratadas. Para determinar la cuantía de esa indemnización, el PSOE considera que es imprescindible que el servicio de intervención de la Diputación envíe al juzgado un certificado de ese total.

Nuevas diligencias

Para la vista oral que está pendiente de fijarse, el PSOE propone "diligencias complementarias", como convocar al acusado para que amplíe su declaración "por si los hechos fueran constitutivos, además de prevaricación, de los delitos de falsedad documental y de malversación de fondos públicos".

El escrito de acusación también pide que se tome testimonio de los representantes legales de los ayuntamientos de Larouco, Viana do Bolo, Boborás, Paderne de Allariz, Vilamarín, San Cibrao das Viñas, Maceda, A Veiga, Trasmiras, Baltar, Celanova y Toén y de las mancomunidades de O Carballiño y Ribeiro, pues fueron los que, según Baltar, le pidieron contrataciones urgentes, aunque en la instrucción, no apareció ninguna de esas peticiones escritas que él dijo que existían.

El PSOE hace en su escrito un relato pormenorizado de las contrataciones y los posibles delitos cometidos en ese proceso, "sabiendo que los contratos no eran precisos y se hicieron con la única finalidad de beneficiar los intereses particulares de su hijo —en referencia a José Manuel Baltar—, en aras a ostentar la presidencia del PP de Ourense para así perpetuarse en la presidencia de la Diputación de Ourense, lo que finalmente consiguió el acusado, todo ello con cargo a los presupuestos de la institución provincial".

Para conseguirlo, según el escrito, José Luis Baltar Pumar dictó 8 decretos entre el 15 de enero de 2010 y el 17 de marzo del mismo año, para formalizar 104 contratos temporales "prescindiendo de las formalidades establecidas por la legislación laboral y en la propia normativa de la Diputación, aprobada el 8 de enero de 2004, con Baltar Pumar como presidente también".

Baltar contrató en 2010 a las "personas que consideró oportunas y le vinieron en gana" y no a las que cumplían los requisitos exigidos para el puesto a desempeñar y que tendrían que haberse dado a conocer con su publicación.

"Para aparentar la justificación de los 104 contratos, Baltar no dudó en firmar de su propio puño y letra un documento del 8 de enero de 2010 en el que afirma que varios ayuntamientos y mancomunidades de la provincia formularon solicitudes para contratar personal laboral temporal en la Diputación y esas necesidades se estiman urgentes e inaplazables", según la acusación.

Ese documento fue presentado en el juzgado pero no las peticiones de los ayuntamientos a las que alude, por lo que resultaron "palmariamente falsas las necesidades de contratación". En esto se basa el PSOE para ampliar la acusación a falsedad documental, como delito necesario en este caso, para "seguir perpetrando" el de prevaricación continuada, por el que los contratos recayeron en personas vinculadas, directa o indirectamente con el PP.

También alude al delito de malversación de fondos públicos, pues en el caso de algunas personas, no consta que hicieran trabajo alguno. "Y esto, sabiendo que no era precisa su contratación, verificó así que la única finalidad era beneficiar los intereses particulares de su hijo en aras a ostentar la presidencia del PP", explica el PSOE.