La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se reunirá el martes con el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, para estudiar nuevas salidas para los afectados por derribos tras la anulación del Tribunal Constitucional (TC) de la "parte fundamental" de la reforma de la Ley del Suelo en lo relativo a derribos, que ve como una "auténtica puñalada" pues les pone "a los pies de los caballos".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha expresado su "tristeza", "angustia total" y "dolor" por esta sentencia del Constitucional y ha asegurado que los afectados no "comprenden absolutamente nada".

En este sentido, ha lamentado que "ya ni las leyes" del Parlamento, en este caso del de Cantabria, "sirvan".

Además, ha destacado que el TC no considera que los aspectos que ha anulado de la Ley de Ordenación Territorial y del Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria —aquellos que se referían a la obligación, entre otros aspectos, de indemnizar antes de demoler— sean "injustos", sino que no han sido dictados por el órgano competente.

"Si no tiene que ser el Parlamento de Cantabria, que la haga el Congreso de los Diputados pero que acabemos con esto", ha afirmado el presidente de AMA, quien ha considerado que su petición de una ley a nivel nacional cobra ahora "toda la urgencia".

AMA, que está estudiando jurídicamente en profundidad la sentencia, cree que, tras la decisión del Constitucional, habrá que estudiar nuevas normas y medidas legislativas que protejan a los afectados que, según ha dicho, llevan "mucho tiempo sufriendo" y padeciendo "angustia y miedo" por sus viviendas sin ser, a su juicio, "culpables absolutamente de nada".

La posibilidad de estas nuevas medidas legislativas será uno de los asuntos que abordarán en la reunión con el consejero del martes, a partir de las 9.30 horas.

Tras conocer el fallo de la sentencia del Constitucional, AMA ha hablado con el presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas, y representantes de los tres grupos parlamentarios (PP, PRC y PSOE).

Según ha señalado, todos les han transmitido su "sorpresa" por la sentencia y también, entre otros aspectos, por la rapidez del Constitucional.

Vilela ha explicado que la sentencia ha salido en año y medio cuando suelen tardar, según ha dicho, entre "tres y seis años", un plazo en el que —ha afirmado— se podrían haber buscado "otras soluciones".