La Jefatura Territorial de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en la provincia de Pontevedra estudia una posible querella contra los padres del alumno del colegio Santa Cristina de Vigo que fue agredido por un compañero. Los progenitores piden que el niño, que lleva más de un mes sin asistir a clase a raíz de lo ocurrido, sea trasladado de centro y critican la actuación del colegio y de la inspección.

En una nota de prensa, el departamento autonómico justifica la posibilidad de la querella para "defender la labor realizada por la inspectora educativa del centro vigués, dadas las continuas afirmaciones que se están vertiendo en las redes sociales contra su trabajo" y en las que, según concreta, se está "poniendo en duda su profesionalidad".

El jefe territorial, César Pérez Ares, afirma que "no se entiende que los progenitores del niño estén utilizando el recurso de los medios de comunicación para denunciar la situación cuando ya han solicitado el traslado de sus hijos para el próximo curso a otro centro de la ciudad". Además, frente a las críticas de los padres demandando respuestas de la Administración, asegura que "esta jefatura estuvo siempre a su disposición para atender las demandas de los progenitores, aunque siempre dentro de la legalidad".

Educación mantiene su aval a la inspección de educativa y al equipo directivo del colegio vigués y defiende que "primaron en todo momento la protección del menor, en relación a un presunto caso de acoso escolar". Asimismo, asegura que la razón de trasladar a la Fiscalía el "absentismo escolar" del menor —que lleva más de un mes sin acudir a clase— fue que prevaleciese "el amparo" al niño.

COLEGIO

El departamento territorial mantiene que los informes de inspección y del propio centro así como las actas de las reuniones con el padre del niño reflejan que el colegio actuó "en todo momento de forma correcta preocupándose por el bienestar del niño".

Asimismo, César Pérez Ares asegura que en la Delegación Territorial solo consta un parte de lesiones "y que, según ha recogido la inspección, posteriormente a esos hechos el niño volvió con total normalidad a clase participando en las actividades del centro". En lo que respecta al otro menor implicado en el incidente, señala que el centro educativo tomó "las medidas disciplinarias conforme a la Lei 4/2011 de Convivencia e Participación".

Sobre estas medidas, destacó que "deben ser correctoras de comportamientos contrarios a las normas de convivencia y su objetivo siempre es reparador y educador", al tiempo que deben ser "graduadas conforme a la proporcionalidad de los hechos".

En ese sentido, la Jefatura Territorial afirma que "las normas son para cumplirlas" y considera que "lo que no es aceptable es que uno las aproveche en su propio beneficio". Así, César Pérez Ares indica que los padres "tienen procedimientos y recursos que se pudieron usar en ese caso".

"No vamos a sentirnos coaccionados al respecto", asegura, al tiempo que insiste en que se actuará "con toda la legalidad por delante y siempre en defensa del menor".

Cambio de centro

Así, sobre la petición de que el niño sea cambiado de centro ya, solicitud que los padres han reiterado este jueves con una concentración ante las instalaciones de la Xunta en Vigo, Pérez Ares afirma que esta posibilidad "no es aceptable" en el último trimestre del curso porque supone un "daño" tanto a nivel educativo como personal.

Según apunta, este tipo de traslados "siempre debe tener detrás una situación excepcional, situación que no se corresponde con el caso del que se está hablando, según los informes con los que cuenta la Consellería de Educación".