El decreto de simplificación documental se aplicará en Baleares a partir del próximo día 13 de mayo, por lo que la administración autonómica no solicitará documentación que ya tenga o pueda comprobar a través de las herramientas telemáticas.

Además, un catálogo recogerá los documentos que ya no se tendrán que aportar más y las declaraciones responsables sustituirán las aportaciones de documentaciones en algunos casos.

Según ha informado la Dirección General de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios en un comunicado, el Govern pondrá a disposición de los ciudadanos un modelo de declaración responsable de veracidad de datos, otro de veracidad de datos bancarios y un modelo de comunicación identificativa de la documentación en poder de la administración.

De esta manera, se pretende que se puedan realizar los trámites necesarios de manera más ágil. Así, a partir del 13 de mayo ya no será necesario aportar documentación en papel ni fotocopias compulsadas en los procedimientos administrativos susceptibles de ser iniciados o tramitados, total o parcialmente, de forma electrónica (si ya se ha aportado la información en formato digital).

Por otro lado, para que la tramitación electrónica sea más efectiva se espera que los ayuntamientos vayan adhiriéndose paulatinamente al convenio de interoperabilidad, lo que permitirá compartir una base de datos digital común, y agilizará de manera significativa todos los trámites y evitará desplazamientos a los ciudadanos. Los primeros en compartir la base de datos con el Govern serán los Consells Insulars y el Ayuntamiento de Palma.

Precisamente, este miércoles la directora general de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios, Núria Riera, ha presidido una reunión conjunta del grupo de impulso para la simplificación y la reducción de cargas Administrativas y la comisión interdepartamental de calidad para avanzar en la puesta en marcha de la simplificación documental.

En el encuentro se ha abordado el plan de trabajo seguido desde la aprobación del decreto y las últimas actuaciones previstas para su entrada en vigor.