Transportes Rober, concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Granada capital, ha censurado la jornada de huelga convocada para el 23 de mayo en apoyo a los empleados imputados por la supuesta comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores durante una huelga en 2009, al considerar que esta movilización "no es laboral" sino que pretende defender a unas personas que tuvieron un comportamiento "presuntamente punible".

La empresa ha respondido de este modo a las declaraciones realizadas este viernes por el comité de empresa respecto a la imputación de 22 empleados y el secretario general de CCOO en Granada, Ricardo Flores, los cuales deberán declarar ante el Juzgado el próximo 23 de mayo por la actuación de los piquetes informativos en la huelga convocada entre el 30 de enero y el 20 de febrero de 2009 a raíz de una denuncia presentada por Transportes Rober.

Según explica la empresa en un comunicado, La Fiscalía calificó formalmente en 2011 los hechos como "posibles delitos contra los derechos de los trabajadores", solicitando para todos los acusados penas de hasta cuatro años de cárcel.

Entre estos hechos, Rober alude a "insultos, amenazas y coacciones a personal de la propia empresa", así como a "interrupciones del servicio público de autobuses y de los servicios mínimos legalmente establecidos".

No obstante, la compañía defiende que, una vez conocidas las calificaciones, intentó sin éxito durante 2012 llegar a acuerdos con los asesores jurídicos de los trabajadores, "ofreciendo sustanciales reducciones tanto del número de imputados, como de los delitos y/o faltas que se les atribuían, llegando incluso a ofrecer la exención de responsabilidad penal para varios de ellos".

"Desgraciadamente estos acuerdos no han llegado a aceptarse, lo que ha dado lugar, dentro del normal transcurso de los plazos judiciales, al señalamiento de la vista para el juicio el próximo día 23 de mayo de 2013", añade el comunicado.

Por todo ello, la empresa lamenta que después de haber superado una reciente negociación colectiva, se plantee una huelga que a su juicio "no es laboral ni defiende los intereses de los trabajadores, sino que tiene como objetivo defender a personas que tuvieron un comportamiento presuntamente punible desde el punto de vista penal, incluso siendo algunos de ellos personas ajenas a la empresa".