El grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón ha presentado una proposición de Ley en el Parlamento que propone aplicar el decreto andaluz de vivienda en la Comunidad, ante la "falta de soluciones" a este problema del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de IU, Adolfo Barrena, y el diputado Miguel Aso han explicado que, de aplicarse esta normativa, unas 15.000 viviendas de las 60.000 que permanecen vacías en la capital aragonesa podrían ser puestas a disposición de los ciudadanos.

Asimismo, han insistido en aclarar que esta propuesta no conlleva la expropiación de las viviendas, sino "la expropiación temporal de su uso", si bien se prima la negociación, se ofrecen incentivos y, en caso de no llegar a acuerdos, se establecen sanciones que pueden alcanzar los 9.000 euros en casos muy graves. Las multas y casos de expropiación se aplicarán, además, a entidades bancarias y promotoras inmobiliarias, no a particulares.

Barrena ha indicado que realizan esta propuesta tras comprobar que el Congreso ha aprobado "una mini reforma de la ley hipotecaria" de "cosecha exclusiva" del PP y teniendo en cuenta que en Aragón se ejecutaron 2.785 desahucios el pasado año, con una media de 7,3 desahucios diarios, y según los datos del primer trimestre de este año "ya van por ocho diarios".

En la Comunidad existen más de 100.000 viviendas vacías, con un incremento de 14.600 con respecto al censo anterior, y en Zaragoza esa cifra se sitúa en los 60.000 pisos sin uso. En este punto, Barrena ha recordado que, según los datos de Cáritas, 275.000 personas están en el límite de caer en la exclusión social y 107.000 aragoneses "sobreviven con 200 euros al mes".

"Como estamos convencidos de que ante este drama social se pueden hacer cosas diferentes", y vista "la falta de respuesta de Rudi", IU ha registrado una proposición de Ley que pretende "aportar soluciones", adaptando la iniciativa andaluza a la Comunidad aragonesa.

Incentivar el alquiler social

Miguel Aso ha comentado que la Junta de Andalucía "ha llevado al máximo nivel competencial su capacidad de influencia en el ámbito de la vivienda, operando hasta el máximo que se puede alcanzar". Se trata de garantizar un derecho, ha recordado, al incidir en que la expropiación temporal se contempla únicamente para bancos e inmobiliarias y se aplicaría en caso de falta de acuerdo.

Se incentiva también el alquiler para que quienes pongan a disposición del Ejecutivo sus viviendas tengan mayores beneficios, asegurando los riesgos, el cobro de la renta y los posibles desperfectos. Además, las sanciones no se aplican para personas físicas ni por tener pisos vacíos ni por segunda vivienda, ha detallado Aso.

El objetivo, ha remarcado el diputado de IU, es "regular una bolsa potente de gestión pública de vivienda de alquiler", mientras que el Gobierno de Aragón quiere "poner tiritas a una herida muy profunda. Queremos ir más allá y dotar a la Comunidad autónoma de las herramientas de las que se dota Andalucía para garantizar ese derecho".

Aportar soluciones

Barrena ha indicado que se podría conocer el estado de las viviendas comprobando "si se consume agua o no, si se paga más del mínimo del consumo eléctrico o de comunicaciones" y ha apuntado que en Zaragoza se podrían utilizar como vivienda social hasta 15.000 pisos de los 60.000 sin uso.

"Hay capacidad suficiente, aunque sólo sea con las que se quedan los bancos el problema estaría resuelto. Sobre esos temas estamos invitando a trabajar a todos los grupos parlamentarios", ha afirmado, al subrayar que la presidenta Rudi se comprometió en su discurso de investidura a dar solución a este problema.

Por último, Barrena ha aludido al programa de alquiler social planteado por el Ejecutivo de Rudi, para indicar que la presidenta "ha dicho que con su programa se paga 400 euros y el ingreso de inserción son 476 euros" y, aunque en estos casos se abonara sólo el 40 por ciento del alquiler, una familia con tres personas no podría afrontarlo, ha dicho.

Por ello, Barrena ha concluido recalcando que "no decimos que regalen la vivienda a nadie, sino que resuelvan el problema y no dejen a la gente en la calle" cuando se pueden adoptar medidas.