La Audiencia Provincial de Córdoba ha fijado para el próximo 17 de junio el juicio a José Bretón, el padre Ruth y José, los menores desaparecidos en octubre de 2011, por un delito de asesinato.

La previsión es que el proceso se alargue hasta la semana del 8 y el 12 de julio, teniendo en cuenta las pruebas periciales y testificales que han solicitado las partes, con la comparecencia de más de cien personas, según una providencia emitida por el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado de este caso, Pedro Vela. Las sesiones se celebrarán de manera ininterrumpida de lunes a viernes.

Por otro lado, el TSJA tiene previsto celebrar el 8 de mayo la vista del recurso planteado por la defensa de Bretón, que desestimó la Audiencia Provincial de Córdoba, en el que se solicitó la anulación de procedimiento y la impugnación de varias pruebas que aludían a los supuestos restos óseos de los dos menores.

El abogado de Bretón pidió a la Audiencia que dicho procedimiento quedara anulado por una supuesta manipulación de los restos óseos en la cadena de custodia. Dicha alegación fue rechazada ya que el juez instructor, José Luis Rodríguez Líanz, entendió que la autoridad policial y judicial garantizaban el cuidado de dicha cadena de custodia.

Una vez que en el auto de hechos justiciables se fije definitivamente la fecha del juicio, se entregará a las partes un cronograma con el desarrollo previsto para cada día de sesión.

Entretanto, el letrado de Bretón, en su última visita a su cliente en el Centro Penitenciario de Alcolea, dijo que comprendía que tanto la Audiencia Provincial como la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la madre de los niños, Ruth Ortiz, se hayan opuesto al recurso de la defensa, dado que "están en su postura" de rechazar la impugnación de pruebas, apostilla Sánchez de Puerta.

El abogado defensor ha reiterado en su recurso al TSJA todas las alegaciones que ya presentó en las cuestiones previas e insiste en que "no se puede garantizar" que los restos óseos analizados por los expertos sean los mismos que los recogidos en la hoguera de la finca de Las Quemadillas.

Asimismo, alega que existe "una evidente oscuridad dudosa sobre la custodia e identidad de esos restos"; que el antropólogo Francisco Etxeberría, quien determinó que eran restos humanos y no animales, los analizó sin autorización judicial, y que "existía previa connivencia y coordinación" entre la Policía y éste último, cuyo informe, a juicio de la defensa, es "forzado y claramente tendencioso".