Colectivos sociales de Bizkaia han denunciado que el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, lleva a cabo "una serie de malas prácticas que nos enredan y marean", al tiempo que "de manera intencionada", utiliza procedimientos "que no ampara" la Ley de la Renta de Garantía de ingresos (RGI).

Para denunciar esos "abusos y violaciones flagrantes", personas que están padeciendo "día a día" estos recortes, así como diferentes colectivos, han presentado públicamente un informe "en denuncia de esas políticas de deshumanización por parte del Gobierno vasco y Lanbide".

A su juicio, las "malas prácticas" del Servicio se traducen en "demoras de varias semanas" en la atención a las personas que necesitan las prestaciones para poder llegar a fin de mes "debido a la falta de personal para dar salida al aumento de las situaciones de desempleo, precariedad y pobreza".

En esta línea, han criticado la "imposición en buena parte de las oficinas de Lanbide de un número máximo de personas" que pueden ser atendidas por día, lo que supone "guardar cola durante toda la noche". "Así y todo, en algunas oficinas como Miribilla y Mazarredo ni tan siquiera se da esta posibilidad", han criticado.

"fallos" en el sistema informático

Asimismo, han lamentado la "falta de operatividad" de las oficinas y "fallos" en el sistema informático, unido al "incumplimiento sistemático" de la normativa que rige la tramitación y acceso a las prestaciones sociales, que se traduce en "la conculcación de derechos" en las diligencias y resolución de los expedientes o "la contravención" del procedimiento administrativo ordinario que rige las relaciones entre administraciones y ciudadanos.

Finalmente, han criticado las "suspensiones cautelares" en el cobro de las prestaciones "sin audiencia ni notificación" a las propias personas perceptoras, lo que provoca "una indefensión absoluta".

"A estas malas prácticas le debemos unir el endurecimiento de los requisitos impuestos para el acceso a las diferentes prestaciones sociales o la reducción de sus cuantías, unas medidas antisociales que han dejado a miles de familias y/o personas fuera del sistema de protección social", han denunciado.

Entre los firmantes de este informe presentado ante la sede del Gobierno vasco se encuentra el Colegio Oficial de Trabajo Social de Álava, las Asambleas de Parados y Paradas de Bizkaia, Argilan, Comité de Empresa Asociación Bizitegi, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, "Asamblea Invisibles" y el colectivo Berri-Otxoak y SOS Racismo, entre otros.