El coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha mostrado el apoyo de la formación de izquierdas a los trabajadores del Teléfono Único de Emergencias '112' y ha solicitado la comparecencia del consejero de Presidencia, Manuel Campos, "para que de explicaciones pormenorizadas sobre el incumplimiento del pliego de condiciones de la empresa adjudicataria, Tissat", que sin embargo "va a cobrar lo acordado en la adjudicación del concurso público, realizado en 2011", por importe de unos 9 ó 10 millones de euros.

Por lo que, en su opinión, la empresa "no tiene ninguna justificación ni excusa para llevar a cabo sus pretensiones de reducción salarial a toda su plantilla de hasta el 19 por ciento del salario bruto que actualmente perciben", tal como expresó el Comité de Empresa del '112'; de tal forma, Pujante opina que "debería ser la Comunidad Autónoma la que gestione íntegramente este servicio".

Además, IU-Verdes ha presentado esta mañana una moción en la Asamblea Regional en la que demanda al Gobierno regional "el cumplimiento íntegro del pliego de condiciones, así como el cumplimiento respecto a las condiciones laborales adquiridas a la empresa adjudicataria".

Y es que, ha señalado en rueda de prensa, "es inaceptable que trabajadores que cobran apenas mil euros, que desempeñan su trabajo en instalaciones de la propia Comunidad y utilizan sus herramientas y tecnología, tengan que sufrir las consecuencias de la ineficacia y mala gestión de esta empresa", conocida por sus vínculos "con tramas corruptas en Valencia" y sufrido investigaciones.

Por tanto, "estaremos del lado de los trabajadores" pero "iremos más allá", presentando una iniciativa con el fin de que "la prestación de este servicio sea asumida directamente por la Comunidad" porque "la externalización-privatización, contrariamente a lo que se piensa, en lugar de suponer un ahorro, es un encarecimiento del coste económico, de la prestación del servicio y una degradación de las condiciones de los trabajadores".

Pujante opina, sin embargo, que la seguridad de los ciudadanos "no corre ningún riesgo", la atención que llevan a cabo los trabajadores "es de una profesionalidad incuestionable", es un servicio público "esencial del que no se puede ni se debe prescindir".