La Generalitat Valenciana está estudiando la posibilidad de pedir al juez la adopción de medidas cautelares para que se anule el aval que prestó en 2009 a la Fundación VCF para obtener un préstamo de Bankia a fin de acudir a la ampliación de capital del Valencia, tal y como se indicó en una sentencia que actualmente está recurrida por la entidad bancaria, según han informado a Europa Press fuentes de la Generalitat.

Este aval, según ha aclarado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sigue siendo válido y solo podría quedar suspendido si una de las partes expresamente lo solicitara, mediante una ejecución provisional de la sentencia o medida cautelar, y la jueza encargada del caso así lo acordara. La Generalitat está estudiando la segunda opción.

La sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia que anula el aval del IVF a la Fundación VCF no es firme porque hay una parte que ha presentado recurso —Bankia— y, por tanto, la situación jurídica es la previa a la sentencia.

De este modo, sigue vigente el aval por el que la administración se vio obligada, el pasado mes de febrero, a abonar 4,8 millones de euros correspondientes a intereses de esa deuda. Este pago vencía a finales de agosto —al igual que lo hará este año otro por idéntico importe—, pero se prorrogó hasta final de noviembre y, después, las partes se dieron de plazo hasta el 31 de enero para encontrar una solución. No obstante, finalmente la Fundación VCF comunicó la imposibilidad de hacer frente ese pago y la negociación con Bankia se trasladó a la Generalitat, como avalista de ese préstamo.