La Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo de forma conjunta la explotación de la operación 'Fema-Cooper', por la que se ha detenido y puesto a disposición judicial a 19 personas integrantes de un grupo perfectamente organizado y jerarquizado, presunto responsable del robo de una gran cantidad del cableado de alumbrado público de Jerez de la Frontera (Cádiz), y que habría llegado a dejar sin servicio "a un 30 por ciento de la localidad", lo que supone que "más de 80.000" ciudadanos se han podido ver afectados por la falta de alumbrado público. El propietario de una chatarrería de la Barca de la Florida también ha resultado imputado como presunto autor de un delito de receptación, todo ello dentro del Plan de Intensificación Contra el Robo de Cable de Cobre.

Según ha explicado en rueda de prensa el Subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, que ha estado acompañado por mandos de ambos cuerpos policiales, las investigaciones de los agentes permitieron identificar a los responsables de una serie de ventas de cable de cobre que despertaron las sospechas de los mismos, coincidiendo el material robado con la venta realizada. Una vez cotejado el cable e identificado por parte de los técnicos del alumbrado público, se procedió a centrar las investigaciones en este grupo de personas aunque sin descartar otras líneas de investigación.

Con la investigación ya avanzada, se localizaron los domicilios de los investigados, se conoció su rutina, forma de operar, movimientos diarios, el rol que cada uno de los investigados desempeñaba "en lo que se demostró ser una organización perfectamente estructurada con el único fin de delinquir", y localizando los establecimientos donde habían realizado las ventas del material robado.

En uno de estos locales habían realizado la mayoría de las transacciones siendo "totalmente presumible que tenían conocimiento del origen ilícito de la mercancía y por lo tanto que su responsable podría ser autor de un delito de receptación", mientras que los responsables de los demás establecimientos, habrían cometido diversas infracciones administrativas.

VIOLENCIA,

Coacciones y amenazas

Según ha detallado De Torre, los ahora detenidos poseen un amplio historial delictivo, la mayoría por delitos contra el patrimonio, y no dudaban en emplear la violencia, las coacciones y las amenazas sobre los empleados de los establecimientos si las transacciones no se realizaban a su satisfacción.

Así, en la mañana de este miércoles, han llevado a cabo un dispositivo de cierre sobre las barriadas donde residen los detenidos, todo ello para garantizar la seguridad de los agentes que realizarían las 19 detenciones y para evitar fugas o altercados.

También ha sido detenido el responsable de la chatarrería investigada como responsable de un delito de receptación.

El subdelegado del Gobierno, que ha indicado que la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones, ha señalado que este tipo de delito está ocasionando "graves perjuicios a las instituciones de todos los ámbitos", puesto que la valoración de los daños va más allá del valor de los cables que se han cortado, ya que para poner de nuevo en servicio estas instalaciones se requiere la contratación de empresas especializadas, peticiones de material, abono de indemnizaciones a los usuarios afectados, etcétera.

Además, ha concretado que en ocasiones, para reponer un corte de unos metros de cable, es necesario reponer líneas enteras, que algunas veces son de kilómetros.

Además del perjuicio económico y social que este tipo de hechos delictivos supone para todos, estos conllevan un gran peligro para la vida de los autores, puesto que el material que manipulan soporta corrientes de alta tensión de miles de voltios, no siendo extraño que se produzcan lesiones que en ocasiones suponen la muerte para quienes manipulan este material, ha añadido.