El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Palacio, ha denunciado este miércoles que el borrador de anteproyecto de la Ley del Suelo que ha elaborado el Gobierno de Cantabria (PP) perjudica los intereses generales, los de los ayuntamientos y las familias más necesitadas.

"Salen perdiendo los intereses generales, que con la actual ley estaban bien protegidos; salen perdiendo los ayuntamientos, que pierden competencias y recursos económicos y de suelo; y las personas más necesitadas porque les será más difícil acceder a una vivienda protegida", ha advertido.

Igualmente ha criticado que con esta modificación, los ayuntamientos pierden competencias en favor de la comunidad autónoma y ésta, en favor del Estado.

Así lo ha afirmado en rueda de prensa Palacio, quien ha alertado que la reforma elimina los instrumentos que protegían la construcción de viviendas sociales; favorece la construcción de viviendas libres y "va en contra" de la recuperación del sector de la construcción; no promueve un crecimiento ordenado y un reparto justo de cargas y beneficios porque permite aumentos de densidad máxima de viviendas y edificabilidad "sin límites" al tiempo que reduce el suelo destinado a los equipamientos; y, o elimina o reduce las competencias de la comunidad autónoma y los ayuntamientos.

Unos cambios que, según el parlamentario, obedecen a la "ideología pura y dura del PP", que en este caso lleva "hasta las últimas consecuencias" la liberalización del sector y "perjudica a los de siempre", es decir, las familias con rentas medias o bajas que necesitan una vivienda protegida.

El diputado, que ha recordado que se trata de la cuarta modificación de la Ley del Suelo en cuatro años, ha subrayado que en este caso tiene "suficiente calado" como para "prestarle atención", y en este sentido ha mostrado su sorpresa porque el Gobierno "no haya dicho nada" y haya "ocultado" las reformas que propone.

Unas reformas con las que el PP "rompe el consenso" de la actual Ley del Suelo al eliminar las propuestas que introdujo el PSOE dirigidas fundamentalmente a la promoción de viviendas sociales. Por eso Palacio espera que el Ejecutivo de Ignacio Diego "recapacite" y no lleve adelante estos cambios, que los socialistas analizarán cuando lleguen al Parlamento para decidir "las modificaciones más convenientes".

El parlamentario ha explicado que el proyecto suprime la competencia autonómica para establecer la reserva del 30% del suelo para la construcción de VPO en todos los desarrollos urbanísticos. Así, la suspensión es "total" para los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes —la mayoría en Cantabria— mientras que para los que tengan más de esa cifra se remite a la ley del Estado, que "ahora mismo no dice nada" sobre esta cuestión.

Este hecho también preocupa a los socialistas porque así "no se favorece" la ejecución de viviendas protegidas, que en su opinión son "el futuro" del sector de la construcción. Por tanto, la ley "no favorece la recuperación económica del sector de la construcción", ni tampoco a quienes necesitan una vivienda social, sino que va "en dirección contraria", ha denunciado Palacio.

Además, ha indicado que en el borrador se eliminan los límites de densidad máxima de viviendas (de 50 y 70 por hectárea ahora) y los límites de edificabilidad máxima (un metro cuadrado por cada metro cuadrado hasta ahora), que fijarán los planes generales de los ayuntamientos, al tiempo que se reduce el suelo para equipamientos de 12 a 6 metros cuadrados.

En este sentido, Palacio ha observado que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) "solo puede echar a bajo un plan si no cumple la ley", con lo que con el nuevo texto "los planes generales quedan en absoluta libertad para establecer las densidades y edificabilidades máximas".

También se reduce la cesión de aprovechamiento a los ayuntamientos que pasa del 10 y 15% al 5% y 10%; y el patrimonio municipal del suelo, del 10% a la mitad.

Y en el ámbito de las competencias, además de la cesión autonómica al Estado de reserva del suelo, los ayuntamientos pierden la competencia municipal para aprobar los planes parciales y especiales, que pasa a manos de la CROTU.