20.000 viviendas por ejecutar, 20.000 familias por desahuciar son muchas. Parecen menos si se tiene en cuenta que de los casi 200.000 desahucios pendientes de 2012, solo un 10% son primeras viviendas. Eso indican los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su presidente, Gonzalo Moliner, ha afirmado en la Comisión de Justicia del Senado que a finales del pasado año las ejecuciones hipotecarias sumaban 198.076 casos pendientes. Según ha explicado, esta cifra atiende a la existencia de un problema social y político "en ebullición", si bien hay que precisar que no todos los casos señalados pertenecen a desahucios de primera vivienda, ya que "la inmensa mayoría" corresponden a locales de negocio.

El CGPJ carece de estadísticas para conocer cuántos casos del total pertenecen a ejecuciones hipotecarias de primera vivienda, aunque calcula que el porcentaje estará en torno al 10% del total señalado.

Moliner ha recordado que el CGPJ está actuando frente a este problema social. En algunas ciudades se ha llegado a acuerdos para atender a personas desahuciadas de su vivienda que puedan estar en situación de emergencia social.

En estos casos, el juez avisará a los servicios sociales para que se atienda a estas personas antes de proceder al lanzamiento. Se trata de una actuación que ya se lleva a cabo lugares como Barcelona, ahora en Galicia y que realizan jueces en otros lugares de España de manera personal.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre, Moliner ya destacó que las ejecuciones hipotecarias habían registrado un incremento del 134,13% durante los primeros tres trimestres de 2012, acarreando la "consiguiente creación de un conflicto social".

Moliner, convocado en esta ocasión para dar cuenta de la última Memoria del CGPJ, que contiene datos correspondientes a 2011, también ha adelantado datos del pasado año y ha destacado un "aumento tremendo" en los últimos meses de los procedimientos de despidos de trabajadores.