Más de medio centenar de personas se han concentrado este lunes, convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ansoáin, para reclamar la paralización de un desahucio en una vivienda de alquiler social situada en la avenida Marcelo Celayeta de Pamplona y que se prevé tenga lugar esta semana.

Tras la pancarta 'Alquiler social. Solución ya', los congregados han mostrado su apoyo al inquilino de la vivienda de alquiler social, Jesús Mari Ayala, un hombre de 43 años, divorciado y con dos hijos de 4 y 8 años, uno de ellos con una minusvalía del 90 por ciento, y que tiene una deuda pendiente de 3.000 euros con el banco.

Según ha explicado a los periodistas el portavoz de la PAH de Ansoáin, Mikel Otazu, la vivienda de alquiler social en la que reside Ayala desde hace 14 años, para la que paga una cuota de 529 euros al mes, pertenece en la actualidad a Banif, inmobiliaria del Banco Santander, entidad a la que ha reclamado que paralice este desalojo, que está previsto se ejecute esta misma semana.

Otazu ha explicado que el afectado, que trabajaba en Volkswagen Navarra, lleva en paro desde el año 2011 y que en la actualidad cobra 426 euros, cantidad "insuficiente" para poder hacer frente al pago de la vivienda de alquiler social.

Además, ha remarcado que "el problema de los desahucios en viviendas de alquiler social es que el juzgado no tiene obligación de avisar cuando se va a ejecutar". Según ha detallado, este jueves finaliza el plazo dado por el juzgado para abandonar el domicilio y pueden acudir a proceder al desalojo en cualquier momento, por lo que durante estos días "tendremos que estar de guardia para impedir que ocurra".

"Intentaremos impedir el desahucio y que no pase el secretario judicial para realizarlo. Esa es nuestra intención, que es lo que se está haciendo todos los sitios. Tendremos que hacer guardia para vigilar esto para que físicamente no pasen", ha manifestado.

El presidente de la PAH ha remarcado que este desahucio supone "un caso más de un desalojo motivado por la crisis económica y social que estamos sufriendo", motivo por el que han pedido una reunión con el consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, para reclamarle que "intervenga en este caso". Según ha dicho, todavía no han recibido una respuesta del consejero.

Por su parte, el afectado, Jesús Mari Ayala, ha reconocido que se encuentra "muy mal" y ha lamentado que no sabe "cuánto podré aguantar esta situación, con un hijo mal, sin trabajo y ahora sin casa". Ha criticado que los servicios sociales no le han dado ninguna alternativa a su situación y que "nunca le han dado una subvención".