"Si tenemos que derribar el elevador, no sé qué voy a hacer con mis hijas". Así de categórica es Margarita Escorihuela, la madre de Miriam y Alba Escuín, dos mujeres con más de un 80% de discapacidad y que sólo pueden salir a la calle a través de un ascensor construido en su vivienda.

El mismo elevador que una sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel ordena derruir tras la denuncia de un vecino, que alegaba que con la construcción "crea nuevas zonas de sombra en el inmueble" y "le limita las luces y vistas de las que disponía".

El caso de las hermanas Escuín comenzó cuando se mudaron a un chalet adosado situado en la Carretera Villaspesa turolense, donde planearon construir dicho mecanismo para "mejorar la vida" de Miriam y Alba.

Una construcción "necesaria", ya que, como cuenta la madre de las jóvenes, "ni mi marido ni yo podemos cogerlas en brazos, ni en las sillas para que puedan salir y entrar de casa" de otra manera, como bajando unas escaleras.

Para llevar a cabo los trabajos, solicitaron todas las licencias correspondientes, que les fueron concedidas, y eligieron el emplazamiento del elevador bajo "la opinión de arquitectos, que dijeron que era el sitio idóneo para colocarlo", revela.

Con este fin consultaron con sus nuevos vecinos en una Junta, donde no recibieron oposición alguna, y también con el denunciante, que "no se quejó" de la futura obra, según cuenta Margarita. Sin embargo, la sentencia recoge que su marido, el padre de Miriam y Alba, planteó la cuestión del elevador en una reunión de vecinos y que "nadie de los asistentes se pronunció, a excepción de la esposa del actor, quien manifestaría que ellos no estaban de acuerdo".

Una vez comenzaron los trabajos, el vecino "amenazó con denunciarnos", pero éstos continuaron, explica la madre de las jóvenes. Y cuando estaban a punto de finalizar el elevador, dos años atrás, y cuyo proceso total costó 20.000 euros, recibieron la denuncia.

El caso acabó en los tribunales, donde una primera sentencia dio la razón a la familia Escuín Escorihuela. Pero el denunciante recurrió, y ahora la Audiencia Provincial de Teruel les ha condenado a la demolición del elevador y a pagar las costas de los dos procesos. La sentencia recoge que la obra es "contraria a las Normas de la Comunidad". Además, la sentencia asegura que las obras "contravienen las normas de comunidad y Ley de Propiedad Horizontal" y que "carecen de la autorización de la Junta de Propietarios".

Margarita, que asegura estar "indignada" por un asunto que está afectando a su salud, no comprende que en la sentencia prevalezcan las pretensiones del vecino "por encima de la situación de mis hijas". "¿Dónde quedan los derechos humanos?", se pregunta.

La madre de las jóvenes, que no está "segura sobre si podemos recurrir", resta importancia a las quejas del denunciante, dado que "las divisiones entre vivienda y vivienda nos hacen a ambos las mismas sombras" en las casas. "Si llueve o hiela, nos llueve o hiela a los dos", asegura. Además, se queja de que la sentencia diga que "no se pueden modificar las propiedades horizontales", cuando en su comunidad "hay muchas reformadas".

"Es un atropello total. No entiendo la sentencia, ni tampoco que hayan seguido adelante con la denuncia sabiendo cómo están Alba y Miriam", cuenta a este medio. Cuestionada sobre si han pensado en mudarse, para así solucionar de otra manera el problema, afirma que "no podemos. Estamos pagando una hipoteca. Ojalá pudiésemos, para quedarnos tranquilos, y no ver algo que nos produce tanto dolor".

Margarita califica lo ocurrido de "varapalo exagerado", y asegura que los intentos de los vecinos por mediar con el denunciante "no han servido, porque él no ha querido".