Caja Madrid era, en septiembre de 2010, y en opinión de los inspectores del Banco de España, una entidad "con solvencia ajustada y rentabilidad decreciente; morosidad elevada con tendencia al alza y un bajo nivel de cobertura". Pese a la difícil situación de la entidad, los informes de inspección del supervisor bancario dieron su visto bueno a la operación de integración de la misma con Bancaja y otras cinco cajas, en lo que a partir de enero de 2011 sería Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia.

En julio de 2006, aún en plena burbuja inmobiliaria, los inspectores del BdE elaboran ya un informe crítico sobre Caja Madrid, el cual ha sido incluido en la causa que investiga el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso este diario. En dicho documento, la inspección habla de una entidad aún con una solvencia aceptable, "aunque a la baja en el último año por el fuerte crecimiento de balance", detalla.

El informe del Banco de España critica en numerosas ocasiones la agresiva y poco reflexiva política de captación de nuevos clientes practicada en la entidad entonces presidida por Miguel Blesa. Así, se enumeran como problemas a tener en cuenta el "aumento del perfil de riesgo de la cartera hipotecaria", la creciente dependencia de la entidad a las emisiones en mercado mayoristas, así como el riesgo derivado de la cartera de empresas participadas.

La obsesión de la entidad por aquel entonces, tal como marcaba una estrategia trianual comenzada en 2004, era crecer. Algo que hizo muy por encima de la media, tal como señalan por entonces los informes de la inspección, que hablan de un crecimiento anual del 35% en las hipotecas y del 37,6% en los créditos a promotores. El auge del crédito hipotecario ya fue entonces identificado como un riesgo creciente en la caja madrileña, ya que desde hacía tres años había alcanzado un perfil de riesgo alto, en parte por la alta concesión de créditos a inmigrantes, señalaban los inspectores.

Más de tres años después, en septiembre de 2010 otro informe de la inspección del BdE efectuada en el ejercicio anterior (en todos esos años no se produjo ninguna otra) agravaba la situación de Caja Madrid, y apuntaba a una entidad con un amplio abanico de riesgos y una estructura de gobernanza "que no ha dado buenos resultados". Pese a que Rodrigo Rato había pasado a ocupar la presidencia de la entidad en enero de 2010, los inspectores recomendaban el nombramiento de "un consejero delegado del sector bancario".

La supervisión del Banco de España, en este informe, evidenció que en la caja madrileña llevaba a cabo una sistemática política de refinanciaciones al crédito promotor con la intención de solucionar temporalmente un problema de viabilidad en dichas empresas. La estrategia: darles crédito para evitar que se declaren en bancarrota. Pese a la constatación de esta "patada a seguir", la caja no pudo ocultar una morosidad rampante que en junio de 2009 alcanzó el 7,6%, el triple que la media del sector bancario (2,3%).

El origen de estos fallidos, según el Banco de España, se encontraba en una falta de control y valoración adecuados, y señalaron a la tasadora de la entidad (Tasamadrid) como un órgano no independiente. Esta falta de control, unida a un esquema de objetivos comerciales para los empleados vinculado exclusivamente al aumento de la producción y los ingresos (y no a la calidad del crédito) fueron los incentivos que provocaron la forja de una entidad plagada de riesgos y malas praxis.

Todas estas críticas y recomendaciones, sin embargo, no fueron impedimento para que la inspección del Banco de España diera su visto bueno a la integración de Caja Madrid en BFA y la futura creación de Bankia, entidades ambas ahora nacionalizadas. En septiembre de 2010, tal como refleja el informe incluido en la denuncia presentada por UPyD contra Blesa, Rato y el antiguo comité de dirección de la entidad (por diversos delitos societarios), los inspectores confiaban en que los necesarios ajustes que debía emprender la caja habrían de hacerse en el marco de su integración con Bancaja y las otras cinco entidades que dieron como resultado BFA.

La caja madrileña, actualmente nacionalizada, y sus anteriores dirigentes, se enfrentan a varios frentes judiciales a raíz de la pérdida patrimonial de la entidad, su salida a Bolsa y posterior rescate con dinero público. Los 33 exconsejeros de BFA-Bankia, junto a la propia entidad, están imputados desde el verano pasado en la querella instruida por la Audiencia Nacional. Además, Miguel Blesa y Rodrigo Rato han sido denunciados ante la Fiscalía Antocorrupción por diversos delitos societarios y fraude en las cuentas durante su gestión en Caja Madrid y Bankia.