El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, se ha referido a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ayer se reunió en Madrid con la presencia del vicepresidente Juan Bernal, para afirmar que "no es sólo la Región de Murcia la que necesita la revisión de su financiación y un nuevo sistema de financiación autonómica, sino que ésta es preciso para el conjunto de CCAA".

En el caso de la Región de Murcia, ha señalado que "se deberían actualizar todos los datos relativos a la población para que las asignaciones estuviesen siempre en consonancia a la realidad de esas cifras". Además ha subrayado que el proceso de un nuevo sistema de debería acelerar para que estuviese listo incluso antes de 2014, que es la fecha en la que de forma regular se debería revisar.

Sánchez ha recordado el rechazo de UPyD al sistema actual, que se estableció en 2009, y ha expuesto la propuesta de su partido para un nuevo sistema de financiación "único e igualitario para todas las Comunidades, que reduzca duplicidades y coincidencias competenciales y que contemple algunas competencias como exclusivas para el Estado".

Entre estas competencias exclusivas, ha mencionado las de Educación y Sanidad. Para UPyD, la supresión de duplicidades y reincidencias sería el camino más adecuado para una reducción significativa del déficit de las administraciones públicas.

La propuesta de UPyD contempla un sistema único para todas las CCAA, eliminando, de ese modo, el sistema foral de concierto económico bilateral del País Vasco y Navarra.

"Apostamos por un sistema de financiación autonómico e igualitario, que reserve competencias exclusivas al Estado y que sea fruto de un pacto multilateral en el que, llegado el caso, prevalezcan los intereses generales del Estado por encima de los particulares de una u otra Comunidad Autónoma".

El coordinador de la formación magenta ha destacado que el nuevo modelo "debería partir en todo momento de un pacto multilateral". En ese sentido ha rechazado el modelo bilateral, que fue una premisa utilizada en las últimas reformas de Estatutos.

"Es algo que comenzó a emplearse a partir de la reforma del Estatuto catalán, que generalizó un modelo de negociación bilateral de tipo confederal, aceptado por PSOE, IU y PP (que incluyó la cláusula Camps en el Estatuto valenciano, por la que se arrogaba el mismo modelo que se aprobase para el catalán).

Nosotros, ha concluido, "consideramos nefasto este modelo "de bis a bis", porque no asegura la igualdad y la cohesión y porque es inviable e insostenible desde el punto de vista económico global del Estado".