En virtud de la iniciativa, presentada por los socialistas, el Parlamento apoya la ampliación de los derechos reconocidos en el texto vigente para que se reconozcan, como reivindican numerosas organizaciones de mujeres en el manifiesto de la Plataforma de mujeres ante el Congreso, la despenalización del aborto voluntario.

La Cámara andaluza también apoya la plena capacidad de las mujeres, incluyendo las jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas; o que las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación administrativa irregular total prestación sanitaria también para acceder a la IVE.

La inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otros en el ámbito socio sanitario, en el desarrollo de acciones formativas con el fin de garantizar la preparación integral de los profesionales y las profesionales que las lleven a cabo es otra de las peticiones realizadas por la Cámara andaluza.

El Parlamento reclama de igual modo un sistema de garantías común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con equidad territorial que asegure el acceso y proximidad similar en todos los territorios.

En defensa de la iniciativa, la diputada de IULV-CA Alba Doblas ha afirmado que el derecho de las mujeres a decidir es parte fundamental de la lucha histórica del Movimiento feminista, recordando que en 1985 se produjo una despenalización parcial, pero que tuvieron que pasar 25 años para una reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo "algo más avanzada, pero aún con limitaciones inaceptables".

Según ha indicado, esas limitaciones y la tardanza en la aprobación de la nueva ley han propiciado que el PP pretenda ampararse en que no existe demanda social para modificarla y retrotraerse "a épocas de prohibición y misoginia". "El derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios", ha añadido.

PP-A

Ve "planteamientos radicales" en la ley de 2010

Por su parte, la diputada del PSOE-A Verónica Pérez ha manifestado que la Ley del Aborto aprobada en 2010 por un gobierno socialista, no solo equipara esta normativa a la legislación europea, sino que garantiza seguridad jurídica y médica para las mujeres que deciden finalizar su embarazo. "Es una magnífica ley que respeta el derecho a decidir libremente de las mujeres, frente a una derecha retrógrada que está haciendo mucho daño a las mujeres", ha señalado Pérez.

Finalmente, la diputada del PP-A Amelia Palacios ha considerado "discutible" que el aborto inducido tenga que ser un derecho, cuando debe ser "una opción excepcional" a la que acogerse cuando se cumplan unos requisitos y unas exigencias legales. En su opinión, la ley aprobada en 2010 tenía planteamientos "bastante radicales" al convertirse en una "ley de plazos". "Pretenden que el aborto se vea como algo natural y generalizado, cuando de ser excepcional y una última opción".