CCOO ha exigido a la Junta de Andalucía cumplir la normativa europea en materia de permisos de lactancia, toda vez que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera "discriminatoria" la norma del Estado español por la cual el padre no tenía derecho al permiso de lactancia si la madre no trabajaba, o lo hacía por cuenta propia, ante lo que, según el sindicato, la Junta de Andalucía "se ha negado a reconocer ese derecho a empleados públicos cuyas parejas no trabajan".

En una nota, el sindicato ha explicado que la sentencia 280/2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que "crea jurisprudencia y consideraba discriminatoria la legislación española por negar al trabajador el derecho a la reducción de jornada por lactancia de hijos cuando la madre no trabaja", obligó al Gobierno español a "introducir cambios en el Estatuto de los Trabajadores para dar cumplimiento a la misma".

En ese sentido, ha indicado que recientemente el Ministerio de Hacienda y Administración Pública "ha emitido una resolución, tras acudir a los tribunales varios empleados públicos, reconociendo dicho derecho a este colectivo".

CCOO lamenta que "a pesar de ello y de la presión ejercida en las mesas de negociación por el sindicato, la Junta de Andalucía se ha negado a reconocer el derecho a disfrutar del permiso de lactancia a empleados públicos cuyas parejas no trabajan".

Para el responsable del Área Pública de CCOO-A, José Blanco, "esta obcecación por parte de la Administración andaluza no es sólo injusta y discriminatoria, sino que, además, pone en evidencia la falta de coherencia del Gobierno andaluz en lo que a materia de igualdad y conciliación se refiere".

CCOO ha exigido en las mesas de negociación que se dé cumplimiento a lo que mandata la sentencia citada, que "desvincula el permiso de lactancia al hecho del amamantamiento, y debe considerarse como una medida de conciliación e implicación del padre en la crianza de sus hijos, evitando perpetuar el tradicional reparto de funciones entre el hombre y la mujer, manteniendo a éste en una función subsidiaria".

Según Blanco, "una vez más los afectados deberán acudir a los tribunales para ver reconocidos sus derechos y serán éstos los que obliguen al Gobierno andaluz a acatar la Ley, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores".

CCOO ha advertido de que "seguirá presionando y exigiendo a la Junta de Andalucía, en cuantas mesas y foros participe el sindicato, para que reconozca los mismos derechos a sus empleados que al resto de trabajadores y promoverá entre los afectados las reclamaciones para hacer efectivo dicho derecho".