El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de la nueva Ley Antidopaje para su remisión a las Cortes, donde comenzará su tramitación parlamentaria, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La norma, que llevará el nombre de Ley de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva, otorga mayores competencias a la Agencia Estatal Antidopaje, aumenta las sanciones económicas hasta los 400.000 euros y crea el Tribunal Arbitral del Deporte, que sustituirá al Comité Español de Disciplina Deportiva con una sección especializada en dopaje.

La aprobación del proyecto de ley tiene lugar en vísperas de la visita de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI) a Madrid para examinar su candidatura a los Juegos de 2020 y mientras se celebra el juicio de la Operación Puerto a una trama de dopaje deportivo.

La nueva ley, "mucho más amplia" que la anterior, tiene como objetivo dar una mayor "protección integral" a la salud del deportista y la adaptación de la legislación española al Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), indicó Sáez de Santamaría.

Entre otras novedades, el proyecto de ley facilita la colaboración entre las autoridades penales y las administrativas acogiendo la posibilidad de pedir las pruebas al juez, quien, sin tener obligación de darlas, sí deberá responder de forma motivada y respetar el principio de proporcionalidad.

Además, el nuevo texto contempla la posibilidad de practicar controles antidopaje entre las 23.00 y las 6.00 horas, en casos excepcionales que deberán estar motivados y explicados al deportista. El consumo de sustancias y métodos dopantes no constituirá delito para el deportista y el Tribunal de Arbitraje en el Deporte sustituirá al actual Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) y tendrá una sección especializada en dopaje.

Las sentencias del nuevo Tribunal de Arbitraje en el Deporte no podrán ser recurridas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), pero solo afectará a los deportistas y competiciones de ámbito nacional.

También incluye el establecimiento de un Plan de Apoyo a la Salud que determinará los riesgos comunes y específicos para la salud de los deportistas y establecerá las medidas de prevención, conservación y recuperación, así como la puesta en marcha de un sistema de reconocimientos médicos.

Por otra parte, los centros deportivos tendrán la obligación de disponer de medios de lucha contra las enfermedades cardio-respiratorias agudas, los desfibriladores, para atender los casos de posible muerte súbita y se habilitará un sistema de tarjeta de salud de los deportistas de alto nivel.

La nueva Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que sustituirá a la actual Agencia Estatal Antidopaje (AEA), será el organismo público "independiente" encargado de la protección de la salud de los deportistas, con competencias en materia de prevención, represión e investigación.

La nueva agencia asumirá los trabajos de planificación y realización de los controles antidopaje y la tramitación de los procedimientos sancionadores nacionales. "La aprobación definitiva de este proyecto de Ley situará a España entre los estados más avanzados en la protección de la salud de deportista y en la lucha contra el dopaje en el deporte", indica el Consejo Superior de Deportes en una nota.

Por otro lado, el Gobierno ha formado un grupo de trabajo, presidido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para poner en marcha "a la mayor brevedad posible" la ley de control económico-financiero de los partidos y las leyes orgánicas reguladoras del ejercicio de las funciones públicas.

A las reuniones de este grupo asisten los subsecretarios de Presidencia del Ministerio del Interior y representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, según ha explicado Sáenz de Santamaría.

En virtud de una resolución aprobada por el pleno del Congreso en el reciente debate sobre el estado de la nación, el Gobierno tiene el encargo parlamentario de poner en marcha esas y otras leyes, así como una serie de modificaciones en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal dirigidas a luchar contra la corrupción.

Para llevarlo a efecto, ha constituido este grupo de trabajo y ha contactado con el Consejo de Estado para contar con su "asesoramiento en algunos aspectos que puedan requerir un análisis más profundo". Sáenz de Santamaría ha dicho que espera "construir acuerdos" con los grupos parlamentarios en torno a esas normas legales y ha recordado que estos tienen sus propias tareas encomendadas, como poner en marcha un pacto ético y regular los lobbies y el tratamiento que da el Congreso a la transparencia de la información.

Ha recordado que ella misma habló con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se abstuvo en esa propuesta de resolución, pero que le señaló su "voluntad de dialogar y trabajar conjuntamente" en la lucha contra la corrupción y la desafección política.

La vicepresidenta ha insistido en que el paquete de medidas que están preparando es "muy ambicioso" y "muy profundo", y en que su objetivo es trasladar a los ciudadanos la "tranquilidad de que en este país se persigue la corrupción por todos los medios".