¿Qué hacer cuando las manifestaciones no logran presionar lo suficiente al Gobierno? En varias ciudades egipcias se ha propagado la desobediencia civil como una forma de presión que divide a los ciudadanos ante el riesgo de parálisis.

El cierre de fábricas, comercios y edificios gubernamentales se convirtió en algo cotidiano para los habitantes de Port Said, en el este de Egipto, donde hace más de dos semanas prendió la chispa de la desobediencia contra un cúmulo de lo que llaman "injusticias".

Además de sentirse discriminados por los islamistas en el poder, los manifestantes insisten en que se castigue a los responsables de unos 40 muertos en los disturbios que estallaron en enero en la ciudad.

Esos actos violentos tuvieron de fondo la pena capital dictada contra una veintena de personas por el asesinato, hace un año, de otras 74 en el estadio de fútbol de Port Said, tras un partido entre el equipo local, Al Masry, y el cairota Al Ahly, que siguió sin colmar la sed de justicia (y de venganza) de ambas hinchadas.

Las palabras del presidente egipcio, Mohamed Morsi, que prometió ventajas fiscales y visitar esa zona del estratégico canal de Suez, apenas consiguieron aliviar la crispación en una zona donde la mayoría de escuelas y oficinas gubernamentales ha permanecido cerradas como protesta durante el día, aunque algunas industrias han vuelto al trabajo.

Por ahora, la campaña de desobediencia se desarrolla sin violencia. Este último aspecto contrasta con los disturbios registrados en ciudades del delta del río Nilo como Mansura o Mahala, donde también se han bloqueado carreteras y edificios.

La precaria situación económica y el poder de los Hermanos Musulmanes han añadido más leña al fuego de la desobediencia civil en puntos que por lo general están alejados de la atención mediática.

Salvo Port Said, que corre el riesgo del colapso económico, las otras localidades son "pequeñas administraciones" en las que se espera un efecto limitado de las protestas y la oposición de parte de la población, aseguraba recientemente el analista Mohamed Qadri Said. Todavía más difícil parece que la desobediencia cale en El Cairo, explica Said, a pesar de los últimos bloqueos del metro y de la mastodóntica "Mugama", principal centro administrativo, ubicado en el centro de la capital.

En este complejo anclado en la burocracia más obsoleta, uno de sus trabajadores, Ahmed Sobhi, se muestra molesto por esas acciones "que sólo empeoran las cosas" y siente que cuando acude a trabajar los revolucionarios de la vecina plaza Tahrir "le miran como si él tuviera la culpa de lo que pasa en el país".

La abogada Nada Said, que ayuda a los refugiados sirios a tramitar sus papeles en Egipto, también está "harta" de ese tipo de resistencia. "La gente debe seguir manifestándose, pero no puede impedir al resto ganarse la vida, que es lo más importante", sostiene.

Al otro lado de la plaza un ultra del equipo cairota Al Ahly, identificado como Mohamed, defiende su participación en el boicot a las instituciones. El objetivo, dice, es "derrocar" a Morsi.

En medio de esa diversidad de opiniones, la desobediencia civil se ha abierto paso en el Egipto posrevolucionario, que el año pasado soportó más de 3.000 actos de protesta, según el Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales.

La investigadora del centro Mahinur el Badraui considera que el descontento se ha extendido en las ciudades más pequeñas sin que el Gobierno haya respondido a las demandas populares, lo que puede tener consecuencias "impredecibles".