El Gobierno autonómico destina dos millones de euros a la creación de una red de bolsas de vivienda de alquiler social para ayudar a las personas que se encuentran en situaciones difíciles.

Así lo ha explicado este jueves el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, en una rueda de prensa acompañado por la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Belén Corcoy, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Cristina Gavín.

El consejero ha indicado que el Ejecutivo autonómico está tramitando un decreto para la creación y regulación de una red de bolsas de viviendas para alquiler social y que también recogerá una nueva convocatoria de ayudas a inquilinos, para la que se aportarán 700.000 euros.

En total, el Ejecutivo autónomo destinará en torno a 2,7 millones de euros para este proyecto de decreto que comienza su tramitación y que será presentado en el próximo Foro de la Vivienda, que se reunirá este mes.

El objetivo de este decreto, impulsado por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, es proporcionar viviendas a bajo coste a colectivos que se encuentran en dificultades de acceso al mercado de vivienda, libre o protegida, mediante contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.

Bolsas de viviendas

En lo que se refiere a la creación y regulación de una red de bolsas de viviendas para alquiler social, Fernandéz de Alarcón ha informado de que serán gestionadas por el propio Gobierno aragonés o a través de entidades colaboradoras, en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda.

Esta medida es un instrumento complementario del Fondo social de Vivienda estatal previsto en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Fernández de Alarcón ha señalado que la finalidad es que "ninguna persona que viva en la Comunidad autónoma se vea sin vivienda".

"Se trata de un decreto para conseguir que en Aragón exista una red de bolsas de viviendas suficientes como para que todos los aragoneses puedan llegar a disponer de una vivienda según sus necesidades", ha apostillado el consejero.

Fernández de Alarcón ha mencionado que "hacemos este decreto porque hay una necesidad de vivienda de alquiler social" y ha estimado que con los dos millones con los que se va a presupuestar el plan para 2013 se pueden acoger a 480 familias.

El consejero ha destacado que este número de viviendas creen que será "suficiente" para atender las necesidades de la Comunidad autónoma, aunque "no se conocerán las necesidades reales hasta que el decreto se ponga en marcha".

Esta bolsa estará integrada por viviendas aportadas por el propio Ejecutivo autonómico y por otras administraciones públicas, por particulares que lo deseen, entidades financieras, así como por entidades no lucrativas.

La gestión de la red de bolsas dependerá de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, como responsable de la gestión del Plan de Vivienda Social de Aragón, bien directamente, o bien indirectamente a través de entidades colaboradoras.

BENEFICIARIOS

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes ha puntualizado que los beneficiaros de estas viviendas pueden ser "todas las unidades familiares que tengan ingresos mínimos menores de 1,5 veces el IPREM —Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples—, inicialmente, pero si vemos que esa cifra la tenemos que subir o bajar también lo podremos hacer de acuerdo con el borrador del decreto".

La renta máxima a abonar por el arrendatario será de 3 euros por metro cuadrado útil con un límite máximo mensual de 300 euros por vivienda, que se reducirá en función de la superficie y condiciones de la misma y que en cualquier caso no superará el 40 por ciento de los ingresos de las personas que convivan con el beneficiario de la vivienda social.

Además, para ser beneficiario de las viviendas, el decreto también establece que alguno de los miembros de la unidad de convivencia debe estar empadronado en algún municipio de Aragón y percibir unos ingresos anuales por la unidad de convivencia no superiores a la cantidad de 1,5 veces el IPREM, tener necesidad de vivienda y no disponer del uso y disfrute de otra por causa no imputable a los mismos o a sus familiares de primer grado.

Asimismo, deberán comprometerse a destinarla a residencia habitual y permanente, así como a abonar un alquiler por la vivienda, salvo en los casos de cesión gratuita y a cuidarla y mantenerla en debidas condiciones de uso y conservación. Cabe destacar que se podrán establecer periodos de carencia de hasta 6 meses a aquellos beneficiarios que no lleguen a tener ingresos superiores a 1,5 veces el IPREM.

PROPIETARIOS

Rafael Fernández de Alarcón ha hecho un llamamiento a todos los propietarios de viviendas vacías para que cedan sus inmuebles con el objetivo de destinarlos a alquiler social".

Para impulsar que los propietarios se sumen a esta iniciativa, el Gobierno de Aragón les garantiza su cuidado y reparación, si fuera necesario, del inmueble, y un pago en concepto de cesión de hasta 4 euros metro cuadrado.

Como máximo los cedentes de viviendas podrán percibir una cantidad no superior a 4 euros el metro cuadrado de superficie útil con un límite máximo mensual de 400 euros, no obstante, podrán establecerse otros límites inferiores en función de la localidad, tamaño y condiciones de la vivienda.

Este pago puede ser menor si los propietarios de las viviendas así lo desean, en este punto, el consejero ha animado a los propietarios a que participen en la iniciativa.

La diferencia entre las rentas de cobro y pago entre los inquilinos y propietarios será abonada por el Gobierno de Aragón en función de la disponibilidad presupuestaria, salvo en los casos en los que la entidad gestora asuma una parte de los ingresos.

Además, el Ejecutivo autónomo garantizará a los cedentes de las viviendas el cobro de las rentas, la asistencia jurídica y la reparación de los desperfectos causados por el uso de las viviendas por los beneficiarios, bien directamente o mediante la contratación de pólizas de seguro necesarias para cubrir esas contingencias.

También se hará cargo de la fianza arrendaticia que está obligado a abonar el arrendatario y hará un seguimiento del estado de conservación de las viviendas y de la situación personal, económica y familiar de los inquilinos.

Esta red de bolsas de vivienda tendrá en cuenta a los afectados por situaciones catastróficas o emergencias, por desahucios, a aquellas unidades familiares con todos sus miembros en paro y a otros colectivos especialmente vulnerables.

Ayudas financieras a inquilinos

Este decreto recoge una nueva convocatoria de ayudas a inquilinos con la finalidad de facilitar el pago de la renta del alquiler e la vivienda. La convocatoria establecerá un mínimo de un mes y un máximo de dos meses para la presentación de solicitudes.

La ayuda se concederá por el plazo que reste para finalizar el año 2013 y se admitirán los contratos de arrendamiento celebrados entre el 7 de julio de 2012 y la fecha de terminación del plazo para la presentación de solicitudes que se determine en la orden de la convocatoria.

Este proyecto de decreto nacido en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda será presentado en la próxima reunión del Foro de la Vivienda prevista para este mes de marzo con lo que comienza su proceso de tramitación para atender las necesidades de los colectivos más vulnerables.