La ponencia conjunta de la ley de consultas ha quedado constituida este martes en el Parlament de Cataluña con la voluntad mayoritaria de retomar la tramitación del texto a partir del punto en que quedó la legislatura pasada, cosa que aceleraría "al máximo" su tramitación.

La voluntad de los grupos a favor del derecho a decidir es, precisamente, acelerar la tramitación de esta ley que permitiría abrir la vía de la legalidad a la catalana para organizar un referéndum en caso de que el Gobierno español no lo autorizara.

De hecho, CiU, ERC, ICV-EUiA y PSC son partidarios de cerrar la ponencia la semana que viene para iniciar ya el debate en comisión de las enmiendas. Por el contrario, PPC y C's, han reclamado que la ponencia no asuma el texto de la anterior legislatura.

Si se atendiera a la petición de los populares y de Ciutadans el proceso volvería a empezar de cero y se retrasaría, pero, previsiblemente, eso no pasará, sino todo lo contrario, ya que los partidos partidarios de acelerar al máximo el proceso tienen mayoría.

Los populares han amenazado con no participar en la tramitación de la ley de consultas si sólo sirve para avalar las propuestas que CiU y ERC ya han consensuado. "Es una tomadura de pelo", han afirmado desde las filas del PPC.

La voluntad de los partidos a favor del derecho a decidir es dotar a Cataluña de una ley de consultas para organizar un referéndum soberanista, convocado a partir de esta ley catalana, en caso de que el Estado no lo autorizara. La diferencia es que esta consulta catalana no tendría valor jurídico, aunque los grupos políticos consideran que sí tendría mucho valor "político".