El coordinador del Consejo Local de UPyD de Zaragoza, Javier Puy, ha registrado este miércoles en el Ayuntamiento de la ciudad una solicitud en la que esta formación política plantea el derecho a grabar los plenos municipales y su posterior difusión a la ciudadanía.

El objetivo principal de esta petición es que se cumplan los principios de transparencia y participación, "en coherencia con las medidas de Gobierno abierto" planteadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, explica UPyD.

"Si podemos conseguir una respuesta positiva del Ayuntamiento de Zaragoza lograremos que se cumplan unos derechos que asisten a los ciudadanos", ha señalado el coordinador de UPyD, para quien es importante apoyarse en dos "pilares fundamentales" como son "la publicidad y el derecho de acceso a la información de las sesiones plenarias, ambas reconocidas legalmente".

De hecho, el escrito se fundamenta, entre otros, en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Ley de Administración Local de Aragón y sentencias o recomendaciones entre las que destacan del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o resoluciones de distintos defensores del pueblo.

Preguntas de rosa díez

Por otra parte, esta solicitud recuerda las preguntas formuladas por el grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia el 26 de noviembre de 2012 a la mesa del Congreso de los Diputados. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, solicitó entonces respuesta "por escrito" a las razones de los obstáculos que muchos vecinos encuentran para grabar los plenos municipales de sus ayuntamientos.

Díez planteó al Gobierno de España si estos impedimentos "favorecen el aumento de confianza de los ciudadanos en la actividad política, si nuestros representantes elaborarán en el futuro medidas que protejan el derecho de los ciudadanos a grabar y difundir los plenos y si, por último, el Gobierno comunicará a los responsables políticos municipales la problemática existente en este tema y la jurisprudencia que existe y favorece a los vecinos".

Respuesta del gobierno

El pasado 21 de enero, el Gobierno contestó a estas cuestiones. Entre sus argumentos, el Ejecutivo admitió que limitar el acceso de las cámaras a los Plenos implica "censura previa" para la obtención de la información, lo que obstaculiza "el derecho a la información de los vecinos".

En su respuesta, el Ejecutivo recordó también que "los tribunales protegen el derecho de los ciudadanos en esta materia", añadiendo al final de su contestación que "nuestros gobernantes actúan con absoluto respeto a las leyes vigentes, la jurisprudencia en la materia y el respeto a la autonomía local consagrada en la Constitución Española".

Basándose en la legislación vigente, en las resoluciones de los tribunales y en esta respuesta del Gobierno, Javier Puy ha considerado que "al alcalde, Juan Alberto Belloch, se le va a hacer muy difícil negar ese derecho a los zaragozanos. Si lo hace, no debería declararse máximo defensor de la transparencia".