Dos de los cuatro concejales del PP que trabajan en el Ayuntamiento de Seseña (Toledo), concretamente Javier Hernández-Cornejo y Javier Hernández Navas, han dirigido un escrito al alcalde del municipio, Manuel Fuentes (IU) en el que piden que se incluya en el orden del día del próximo pleno su dimisión como concejales del PP.

El pleno se celebrará el próximo 27 de noviembre.

Por su parte, el Partido Popular anunció este lunes que pedirá a estos dos concejales del Ayuntamiento de Seseña que entreguen sus actas de concejales, en el caso de que su intención sea la de pasar al Grupo Mixto.

Entrega de sus actas

"Lo lógico es pedirles, como lo hacemos en otros casos similares, que entreguen su acta y den paso a otras dos personas que concurrieron en las listas del Partido Popular en las pasadas elecciones municipales de Seseña", observó Tirado.

La dirección provincial del PP decidió el pasado mes de octubre la suspensión cautelar de militancia de los cuatro ediles del PP de Seseña por su actitud en el pleno del pasado día 30.

El PP adoptó esta decisión después de que en el pleno municipal del pasado 30 de octubre dos concejales del PP votaran a favor y dos se abstuvieran en la recusación al equipo de gobierno de IU para que no pudieran votar en un proyecto de Onde 2000 por el que se recalificarían más de un millón y medio de metros cuadrados para hacer un polígono industrial.

Luz y taquígrafos

Vicente Tirado insistió en que la decisión de estos concejales no afecta en nada al proceder del PP en este caso, cuya máxima es "luz y taquígrafos, caiga quien caiga".

No obstante, Tirado atribuyó toda la responsabilidad de lo que ocurre en Seseña al presidente regional, José María Barreda.

Barreda, dijo el secretario general del PP, está "perseguido" por la macrourbanización autorizada en El Quiñón por la Junta, en el que el titular de Urbanismo y Vivienda, Alejandro Gil, está "amortizado políticamente".

"A diferencia del PSOE -insistió Tirado- actuamos de forma contundente" en lo que el PP considera el "mayor escándalo urbanístico, que no sólo hace daño al presidente Barreda, sino a toda Castilla-La Mancha.