La Policía Local de Valencia ha desalojado y tapiado este miércoles, a las 11.00 horas, un asentamiento ubicado en una antigua nave industrial situada en la calle Jaraco, cerca de la conocida como rotonda de los anzuelos (en el barrio de la Fuente de San Luis). Fuentes policiales informaron que la nave está "en estado ruinoso" y que suponía "un peligro". Además, añadieron que vienen recibiendo muchas "quejas vecinales".

El asentamiento estaba formado por siete familias de origen rumano con un total de 22 miembros, entre ellos, 9 menores de entre 2 y 14 años que se han quedado literalmente en la calle. La nave estaba en condiciones totalmente insalubres, llena de basura y sin agua ni luz, tal y como comprobó in situ 20 minutos.

La asociación hispano rumana Ambos Mundos que se dedica a prestar ayuda y atención a personas en riesgo de exclusión social, está trabajando a contrarreloj para tratar de buscarles una solución. Su presidenta, Simona Liliana, ha explicado que antes de llegar a esta nave, algunas de estas familias vivían en los cuarteles abandonados de Bonrepós, que ya fueron desalojados.

Según Liliana, tienen un acuerdo con la Generalitat valenciana para que les ceda un piso social en Albal a cambio del pago de un alquiler. Sin embargo, está "destrozado" y hasta que lo arreglen dentro de uno o dos meses necesitan "algún lugar donde poder vivir dignamente con los niños".

Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia han asegurado que no tenían constancia de este asentamiento, pero se han comprometido a ponerse en contacto con Liliana para conocer la situación de estas familias y ofrecerles algún tipo de ayuda.

Los grandes asentamientos chabolistas son uno de los reflejos más duros de la crisis. Esta realidad social no ha pasado desapercibida en Valencia, donde el Consistorio tiene detectados 16, frente a los 13 de 2011, según han informados fuentes de Bienestar Social.

Malilla, Nazaret y El Cabanyal concentran el 60% de estos grupos de infraviviendas en los que hay 150 familias (20 más que en 2011) y 564 personas (63 más que en 2011). El Consistorio destinó el año pasado 194.000 euros en programas de integración. Sin embargo, muchos de estos grupos escapan a estas ayudas porque no facilitan datos a los trabajadores sociales o porque son grupos itinerantes.

Lupo Constantin tiene 37 años y cuatro hijos menores de edad. Su familia es una de las afectadas por el desalojo de este miércoles. Según ha explicado, llegaron hace 5 años a España "en busca de trabajo". Los primeros años trabajaron en el campo, aunque "siempre sin contrato". A veces, comenta, ni siquiera le pagaban. Hasta ahora, vivían en otra fábrica abandonada en Tavernes, con ayuda de Cáritas y del Ayuntamiento. Además, sacaba algo de dinero recogiendo "cartones y chatarra". Llegaron a la nave de Valencia hace una semana y ahora no sabe que será de él y de sus cuatro hijos. Por eso, pide "un trabajo" con el que poder mantenerlos y con el que poder pagar "un alojamiento digno".