El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado la convalidación del decreto-ley del Ejecutivo autonómico, que modifica la Ley de ordenación de la actividad comercial y la Ley de horarios comerciales y apertura de festivos. Supone pasar de los ocho a los once días de apertura en festivos o domingos y de las 72 a las 90 horas de apertura de comercios a la semana.

El texto ha contado con el apoyo de PP y PAR, con 37 votos, y ha sido rechazado por PSOE, CHA e IU, con 29. Asimismo, el pleno ha votado en contra de tramitar este decreto-ley como proyecto de ley, como habían solicitado los tres grupos de la oposición, que han votado a favor de esta propuesta, mientras que PP y PAR lo han hecho en contra.

El consejero de Industria e Innovación del Gobierno aragonés, Arturo Aliaga, ha iniciado el debate defendiendo que este decreto-ley "adapta" la normativa de la Comunidad autónoma "al nuevo esquema de refuerzo de la competitividad que se extrae del decreto-ley estatal" y en él "impera una máxima, que los consumidores dispongan de los mejores servicios, pero respetando las reglas del juego de todos los actores".

En este sentido, ha asegurado que los once días fijados tienen como objetivo el "equilibrio" entre todos los agentes implicados, consumidores, pequeño comercio, grandes superficies, territorio, ayuntamientos y trabajadores, con quienes "se ha contado" y, por ahora, cuando ya se han consumido tres de los once días, "la aplicación se está haciendo con toda normalidad".

La diputada del PP, María Teresa Arciniega, ha argumentado que el decreto-ley "trata de paliar la situación" en un sector "crucial para la economía aragonesa", aportando una "herramienta" para favorecer un "comportamiento dinámico" y la adaptación "a la coyuntura del momento para no perder competitividad".

A su entender, hay "equilibrio" entre comerciantes y consumidores, propietarios y trabajadores porque se han buscado "fórmulas que satisfagan a todos", además de incluir otros cambios relativos a la fijación del periodo y duración de las rebajas y "menores restricciones" en ventas promocionales y liquidaciones, mientras que la declaración del Casco Histórico de Zaragoza como zona turística se ha hecho "a propuesta del Ayuntamiento" de la capital y "con el consenso del pequeño comercio".

Fin del consenso

El diputado del PSOE, Javier Sada, ha sostenido, sin embargo, que tras rechazar la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley "se acaban de cargar algo que era histórico en esta Cámara, la posibilidad de consensuar en este tema", en el que "no ha habido consenso político, ni con el sector" y "el pequeño comercio lo va a sufrir" y también el "equilibrio territorial".

Según ha esgrimido, ante la contracción del consumo "el problema es cómo lo repartimos", en un sector que suma en Aragón 90.000 empleos, 23.000 pymes y que sufre "44 meses de disminución consecutivos de ventas". Asimismo, ha defendido el pequeño comercio porque frente a la reducción del empleo del 0,5 por ciento por la caída de ventas en tiendas únicas, ha sido del 3,3 en grandes superficies.

El parlamentario del PAR, Joaquín Peribáñez, ha precisado que el objetivo es "acomodar el número de días a las necesidades comerciales" y "es fácil opinar", pero "más complicado" decidir, para asegurar que la medida "no perjudica, como se quiere hacer ver, al pequeño comercio" porque un día más sobre la obligación de diez puesta por el real decreto-ley "no es excesivo" y "no nos podemos olvidar de los consumidores".

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha estimado que el PAR y el consejero Aliaga "han perdido su credibilidad de apoyo al pequeño comercio" porque con once días de apertura "no puede haber equilibrio", que "se ha roto a favor de las grandes superficies" y puede ser un "primer paso" para liberalizar el sector.

Además, esta decisión "no va a generar más empleo, sino que lo destruirá en el pequeño comercio y los autónomos" y "no incrementará el consumo porque sigue habiendo poco dinero en los bolsillos", sino que "lo va a concentrar".

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha señalado que el incremento de días festivos y horas de apertura "es abrir demasiado el abanico y no era necesario", para recalcar que "perjudica al pequeño comercio y comercio de proximidad, un sector importante dentro de la economía aragonesa".

Igualmente, ha lamentado Romero que no se haya podido tramitar como proyecto de ley, ocasión que su grupo hubiera aprovechado para proponer eliminar la posibilidad de que, "de forma excepcional", el consejero pueda decidir que se abra algún festivo más.