La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, ha calificado de "criminal" al secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Javier Rodríguez Pellitero, durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso cuyo presidente, el 'popular' Santiago Lanzuela, le ha pedido que retirara esas palabras y ha amenazado con suspender la sesión si reiteraba esas acusaciones.

Durante su primer turno de intervención, que se ha celebrado tras la comparecencia de la AEB, Colau ha puesto en cuestión las palabras de "supuestos expertos a los que se está dando excesivo crédito" en relación con el problema de los desahucios, y ha calificado de "cínicas" las palabras de Pellitero, que ha defendido el sistema hipotecario español.

Rodríguez Pellitero ha afirmado que la causa del aumento de desalojos de viviendas es la crisis económica y sus consecuencias, particularmente el desempleo, y no el sistema hipotecario vigente, que ha calificado de "eficaz".

Según ha recordado, el 82 por ciento de la sociedad española ha podido acceder a una vivienda en unas condiciones muy favorables respecto a otros países europeos de nuestro entorno, tanto por los plazos de devolución de la deuda como por los bajos tipos de interés, y eso ha sido gracias a que el sistema de ejecución hipotecaria es "particularmente eficaz".

"Decir que la legislación española es estupenda cuando hay personas que se están quitando la vida por una ley injusta es absolutamente criminal. Les aseguro que no le he tirado un zapato porque quería explicar mi punto de vista. Es un criminal y deberían tratarle así, no es un experto", ha dicho con la voz rota.

Además, Colau ha recordado a los diputados que "las entidades financieras son las que han causado el problema y han arruinado la economía de este país" y, pese a ello, se les "sigue tratando de expertos".

Al término de su intervención, Santiago Lanzuela ha tomado la palabra para recordarle a Colau que ha sido invitada a comparecer por acuerdo de todos los grupos, lo mismo que el resto de intervinientes, y ha señalado que "aunque en el Congreso la libertad de expresión es una regla de oro hay límites" y no hay "diferencias de criterio por muy abismales que sean" que justifiquen esas "gravísimas ofensas".

"Si usted hubiera sido diputada le habría tenido que llamar al orden en un momento determinado por graves conceptos ofensivos hacia el interviniente anterior. Le quiero pedir que los retire del acta", le ha pedido, obteniendo un escueto 'no' por respuesta. A renglón seguido, el 'popular' ha avisado de que si la portavoz de PAH "vuelve a decir eso" suspendería la sesión. "Le ruego que piense que lo que ha hecho es muy grave y le ruego que retire esas palabras", ha insistido.

Por su parte, Colau ha replicado al presidente de la Comisión que más que sus palabras lo que "ha faltado es que esta llamada de atención se la hubiera hecho" a Pellitero "cuando ha negado el problema y ha despreciado e insultado a quienes sufre este problema". "Hay muchas formas de violencia y de desprecio, y a la gente con la que yo estoy cada día nos ha ofendido profundamente", ha añadido.

Sin embargo, para Lanzuela el representante de la AEB no ha hecho ninguna "ofensa de la gravedad" de las palabras de Colau, y le ha recordado que por muchas firmas que haya recogido los diputados "representan a todos los españoles a través de las urnas y respetando las reglas del juego democrático".

Por otra parte, Lanzuela ha criticado también las "amenazas" lanzadas por la portavoz de la Plataforma a los diputados. Y es que Colau ha avisado de que, tras "agotar todas las vías que ofrece el sistema", los ciudadanos "señalarán en la calle" a quienes no apoyen las exigencias "de mínimos" recogidas en la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago.

"Algunos lo hemos visto como si nos amenazasen. Los diputados, en su libertad de conciencia, votarán lo que crean convenientes, pero le rogaría que no nos amenace", ha dicho el presidente de la Comisión.

Finalmente, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela ha tomado la palabra para criticar que el Congreso "en ocasiones se tira mucho de los pelos cuando oye algunas palabras y muy poco cuando ve el sufrimiento de la gente". "No me siento representado por su intervención y no quisiera que el silencio se interpretara como eso", ha replicado a Lanzuela.

Rodríguez Pellitero ha apostado por la adopción de medidas legales transitorias y ha advertido de que si se modifican los fundamentos del sistema el crédito por parte de los bancos será "menor y más caro".

Además, ha dicho que el sistema español introduce más garantías, entre las que ha destacado la existencia de dos filtros, el notario y el registrador, que garantizan la legalidad de las cláusulas.

Las ejecuciones hipotecarias son "un mal negocio para los bancos", ya que implican la pérdida de un cliente y de todas las personas cercanas a él, el desprestigio de la entidad, la dotación de una provisión por el impago y asumir gastos como las tasas judiciales y los asociados a la vivienda, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que las entidades prefieren renegociar las condiciones de la deuda antes de quedarse con la vivienda y ha cifrado en 400.000 las operaciones renegociadas desde el año 2009 hasta la actualidad.

En cuanto a la dación en pago, el representante de la AEB se ha opuesto tajantemente a su implantación al considerar que se trata de una modificación retroactiva e ilegal, que no resuelve el problema, ya que la persona afectada también pierde su vivienda, y que implica valoraciones negativas de las entidades por parte de las agencias de calificación.

Asimismo, ha añadido que la dación en pago está vigente en los estados de EE UU en los que surgió la crisis financiera por las hipotecas subprime, que después se extendió al resto del sistema financiero estadounidense y mundial, y ha dicho que podría "perturbar la cultura de cumplimiento" de las obligaciones de los deudores, que, según recordó, cumplen en más de un 96 por ciento de los casos.

En consecuencia, ha apostado por modificaciones legales transitorias y acotadas en el tiempo para afrontar el problema de los desalojos y, entre ellas, ha mencionado la introducción de cambios en las subastas, el refuerzo de las garantías respecto a las sociedades tasadoras y mejoras en el procedimiento extrajudicial.