En 2011 supimos que notarios y registradores llevaban años cobrando de más al gestionar la cancelación de las hipotecas. Lo denunciaba la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Además de exigir a la Administración que actuara, la OCU llevó el asunto al Tribunal Supremo. En noviembre de 2011, el Gobierno de Rodríguez Zapatero legisló al respecto con un Real Decreto. El Consejo General del Notariado intentó impedir la aplicación de la rebaja arancelaria y recurrió ante el Supremo.

Pero en octubre del pasado año, el Tribunal Supremo confirmaba la legalidad del Real Decreto. En consecuencia, avalaba el decreto que confirmaba una rebaja del 5% en las tarifas que aplicaban notarios y registradores.

Sin embargo, hasta ahora, notarios y registradores no han devuelto lo cobrado de más al cancelar hipotecas durante años. Ahora tendrán que hacerlo porque el Gobierno, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, va a instar a notarios y registradores de la propiedad a devolver los más de 400 millones de euros que cobraron de más a cientos de miles de clientes por cancelaciones hipotecarias.

Eso es lo que ha garantizado el Ejecutivo al diputado de Izquierda Unida Sixto Iglesias quien se interesó por las medidas que iba a poner en marcha el Gobierno tras la resolución dictada por el Alto Tribunal sobre el cobro excesivo de honorarios registrales de las cancelaciones de hipotecas.

Recuerda el Gobierno en su respuesta que la Fiscalía del Supremo obligó a la Dirección General de Registros y del Notariado a dirigirse a Notarios y Registradores para exigirles que devolvieran los más de 400 millones cobrados de más a cientos de miles de clientes que cancelaron sus hipotecas.

"Es por ello que la Dirección General instará al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España a la aplicación de medidas concretas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo", explica literalmente el Ejecutivo.

El Ejecutivo también apunta que esa dirección general ya ha resuelto numerosos recursos de alzada en los que tanto personas físicas como jurídicas impugnaban determinados conceptos de las minutas de honorarios o su cuantía, emitidas por Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

En todos aquellos recursos que versan sobre cancelaciones hipotecarias, las resoluciones de la dirección general de Registros y Notariado estimaron la pretensión de los recurrentes y se impuso al notario o al registrador afectados la obligación de devolver al interesado el importe de lo cobrado indebidamente.