Hace un año supimos que notarios y registradores llevaban años cobrando de más al gestionar la cancelación de las hipotecas. Lo denunciaba la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Además de exigir a la Administración que actuara, la OCU llevó el asunto al Tribunal Supremo. El Gobierno de Zapatero legisló un decreto contra ese fraude; los notarios recurrieron y ahora el Supremo confirma el decreto, es decir, una rebaja del 5% en los aranceles.

El relato se inicia en septiembre de 2011. La OCU comprueba mediante un estudio de minutas que un gran número de notarios y registradores están cobrando de más a la hora de cancelar hipotecas. Según sus estimaciones, en solo un año los cobros indebidos podían sobrepasar los 93 millones de euros.

Con esos datos, la OCU denuncia los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Supremo y ante el Ministerio de Justicia. La organización pedía que se devolviese a los consumidores las cantidades cobradas de más.

En noviembre de 2011 el Gobierno (entonces del PSOE) aprobó un Real Decreto que modificaba los aranceles de notarios y registradores para la cancelación de hipotecas. El decreto pretendía aclarar una rebaja del 5% en las tarifas legisladas en 2007. El Consejo General del Notariado intentó impedir la aplicación de la rebaja arancelaria y recurrió ante el Supremo.

Ahora, el alto tribunal ha confirmado la legalidad del Real Decreto. El Tribunal Supremo considera confirma ahora que dicha rebaja arancelaria se aplicará con carácter adicional a los demás descuentos, reducciones, bonificaciones o rebajas que se prevean en relación con los aranceles notariales y registrales que se calculen sobre la base que se indica en esta norma.

Los recurrentes (los notarios) adujeron que, mediante esta norma, el Ejecutivo incurría en una desviación de poder, por lo que debería ser anulada. La sentencia señala que no puede hablarse de tal desviación porque la aprobación del Real Decreto se justificó en la exposición de motivos "con una finalidad muy concreta", que era la de adaptar la regulación del arancel de los Registradores "a la situación económica del País".

Sin embargo, la sentencia no es de aplicación para las operaciones realizadas desde el 12 de mayo de 2012. En esa fecha el Gobierno del PP subió los aranceles para novación, subrogación y cancelación de hipotecas.

Según la OCU, en este momento los consumidores tienen que pagar el triple de lo que se pagaba antes.