La Plataforma por la Educación Pública en Extremadura ha mostrado su "apoyo" a la "semana de lucha" convocada por el Sindicato de Estudiantes entre los días 4 y 9 de este mes de febrero para protestar contra los "ataques" al sector "desde la llegada al gobierno del PP".

Tras defender así una educación pública "de calidad, gratuita, democrática y laica", el portavoz del colectivo, Antonio Serrano, considera que las acciones previstas suponen "una respuesta muy necesaria y justificada" ante la "gravedad" de los "ataques" a la educación pública.

De igual modo, en nota de prensa, ha hecho un llamamiento al profesorado, estudiantes, madres y padres para que apoyen "todas" las acciones que se llevarán a cabo durante esa semana en "defensa" de la escuela pública, "especialmente" las manifestaciones y concentraciones en que la comunidad educativa en su "conjunto" mostrará su "oposición" a unas medidas que "atentan contra un derecho fundamental de toda la sociedad y especialmente de las jóvenes generaciones".

CONSECUENCIAS

Serrano asevera así que en poco más de un año de gobierno de Mariano Rajoy, la educación pública ha sufrido "el mayor recorte de los últimos 35 años, más de 5.000 millones de euros de los 11.000 que están comprometidos con Bruselas para rebajar hasta 2015", lo que va "en perjuicio de los estudiantes que estudian en escuelas, institutos y universidades públicas".

Todos estos "recortes", según ha indicado, han implicado el despido de "más de 50.000 docentes" en todos el Estado, un "incremento" de la masificación de las aulas que "no tiene precedentes en décadas", y una "escandalosa falta" de medios materiales.

A todo ello se suma, añade, la "supresión" de becas de comedor y libros para las familias más necesitadas en distintas comunidades, un "encarecimiento brutal" de las matrículas universitarias que "excluye a miles de jóvenes" y, en casos como el de Madrid y Cataluña, "la creación de nuevas matrículas para la Formación Profesional".

Se trata para el portavoz de la plataforma de una reforma que supone la "segregación" de los alumnos con "menos" medios económicos, que impone "reválidas" en la escuela primaria, secundaria y en bachillerato y que, además, facilitará la "salida" de "muchos" estudiantes del sistema educativo en edad temprana, "cerrando el acceso a la enseñanza postobligatorias, en contra de la acuerdo Europa 2020 para que el 80 por ciento del alumnado adquiera una titulación superior a la enseñanza obligatoria".

DEGRADACIÓN

Esta política de "recortes", que para Serrano tiene como objetivo "degradar la calidad de la enseñanza pública", se refuerza a su juicio con el "intento" por parte del Gobierno central de aplicar una "contrarreforma educativa" (LOMCE) que supone "retrotraer el sistema educativo a tiempos predemocráticos".

Una "contrarreforma" que "drena recursos públicos en beneficio de la enseñanza privada, impone la recentralización y el control absoluto del sistema educativo por parte del Ministerio de Educación, rompiendo el nivel de acuerdo sobre competencias educativas de las CCAA y la enseñanza de las lenguas cooficiales del Estado", y que, además, según el colectivo, "concede aún más privilegios a la Iglesia Católica restableciendo el carácter evaluable de la religión y la imposición de una alternativa que actúe a modo de castigo contra quienes rechacen ser adoctrinados en los centros educativos".