"Se está demostrando que la Justicia y la Agencia Tributaria están funcionando". Así reaccionó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la presentación de pruebas en la Audiencia Nacional por parte del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que revelan que se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno.
Montoro ha enmarcado la presentación de estas pruebas en su "legítima estrategia" de defensa; "A partir de ahí, debemos ver cuáles son las conclusiones a las que llegan todos esos procesos", añadió.
El ministro se ha reafirmado en los argumentos que ya expuso la semana pasada durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, incidiendo en que Bárcenas no se acogió a la regularización "como persona física" ni como "persona jurídica", sino "a través de interpuestos".
Pero eso -ha remarcado- no afecta para nada a los procesos en marcha. La regularización no afecta a esa situación judicial ni de seguimiento de control administrativo al que pueda estar sometido". Preguntado si la regularización seguiría siendo válida si el dinero de Bárcenas procediese de actividades ilegales, el ministro ha respondido que "esa será la cuestión que tendrá que dilucidar la Justicia".
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha reiterado que el extesorero del PP Luis Bárcenas no se acogió a la amnistía fiscal y ha recalcado que será un juez quien determine la licitud o no de las rentas declaradas.
En un comunicado, se ha reafirmado en su declaración previa al señalar que Bárcenas "no ha presentado la DTE", en referencia a la Declaración Tributaria Especial, y ha criticado a quienes defienden que la amnistía fiscal suponga un mecanismo para "legalizar las conductas ilícitas que hayan generado recursos económicos".
En cualquier caso, el Ministerio ha incidido que acogerse a la amnistía fiscal no supone "legalizar las conductas ilícitas que hayan generado recursos económicos" de modo que "quien haya cometido un delito de blanqueo o de malversación seguirá siendo responsable de tales delitos".
La "jugada maestra" de Bárcenas
El portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha asegurado que la regularización fiscal que ha llevado a cabo el extesorero del PP, Luis Bárcenas, es válida salvo que se demuestre que el dinero tiene un origen ilícito, porque no se pueden regularizar fiscalmente fondos procedentes de delitos. Esos fondos, afirma, tendrían que ser incautados.Argumenta que la Ley General Tributaria dice que el "hecho imponible" es la obtención de rentas sujetas al impuesto y las de origen ilícito no lo están. Por lo tanto, añade, la normativa general del impuesto de sociedades permitiría al Gobierno incautar directamente el dinero, pero previamente se debe demostrar cómo fue obtenido.Mollinedo asegura que el equipo de abogados de Bárcenas ha hecho una "jugada maestra" porque la única imputación que tiene Bárcenas por delito fiscal corresponde al ejercicio de 2006, y no se le había comunicado formalmente la apertura de un procedimiento de investigación contra la sociedad Tesedul, la sociedad con la que ha regularizado los fondos.Explica que los informes de Tributos dicen que tiene que haber una comunicación formal de inicio de una investigación concreta, no una investigación general y según Mollinedo, si no ha habido una comunicación formal previa de la apertura de una investigación, la regularización fiscal es válida.En este caso, señala, no se ha comunicado una investigación sobre Tesedul, entre otras razones, porque el nombre de esta sociedad apareció en los papeles de la Comisión Rogatoria remitida por Suiza a España hace unas semanas, es decir, mucho después de que Bárcenas regularizara 10 millones de euros a través de esa sociedad.Mollinedo aclara que el hecho de que la regularización sea válida, no impide que el juez pueda investigar otros delitos, como es el origen del dinero, si tiene elementos indiciarios que apunten a la ilicitud de los fondos.Pero considera que es una "jugada maestra de la defensa" de Bárcenas, porque para que el juez pueda investigar ahora tiene que tener algún informe policial o indicios judiciales de que ese dinero no procede de una actividad legal. Insiste en este sentido en que la carga de la prueba le corresponde a la Administración Tributaria y a la Justicia, y son estas quienes deben demostrar que los fondos no han sido obtenidos de una manera lícita.
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