La Junta de Andalucía está impulsando el desarrollo de la mediación en el ámbito penal en un órgano judicial de Huelva, el Juzgado de lo Penal número 2, con el objetivo de contribuir a la resolución de conflictos sin tener que llegar a juicio, en virtud del convenio que ha firmado la Consejería de Justicia e Interior con la entidad que colabora en su ejecución.

En la provincia onubense, la mediación penal se puede aplicar a través de un convenio de colaboración que ha sido suscrito con la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace, según ha informado la Junta en una nota.

En toda Andalucía son 15 juzgados y una sección de Audiencia Provincial de Cádiz, Málaga, Jaén y el citado de Huelva los órganos que desarrollan el programa de mediación penal.

La Junta está apostando por la mediación penal como un modelo de la justicia restaurativa que fomenta la corresponsabilidad social en la prevención del delito y en la reinserción de las personas infractoras. En este tipo de mediación, víctima e infractor se reconocen la capacidad para participar en la resolución del conflicto derivado del delito, impulsando un proceso de diálogo y comunicación confidencial, conducido y dirigido por un mediador imparcial, destinado a posibilitar un acuerdo que contemple la reparación del daño causado y la asunción de las consecuencias provocadas.

Con este programa de mediación, la Consejería de Justicia e Interior trata de reducir el número de causas penales que llegan al juzgado y excluir así del proceso judicial aquellos asuntos en trámite para que puedan ser solventados extrajudicialmente con el común acuerdo de las partes, evitando de esta forma los juicios y los costes que su celebración supone para la Administración de Justicia.

La mediación tiene múltiples beneficios como el ahorro de costes y de tiempo, ya que se pueden solucionar por esta vía muchos conflictos en un periodo más breve que el requerido por un proceso judicial. Asimismo, se impulsa el valor de participación de las partes en litigio, lo que refuerza la solución al haber sido acordada, compartida y generadora, por tanto, de una mayor satisfacción que una sentencia impuesta por un juez que en muchas ocasiones no satisface por completo a las partes.

El fomento de la mediación es una prioridad y una línea estratégica para el Gobierno andaluz, ya que contribuye a solucionar la alta litigiosidad existente actualmente en la Administración de Justicia y ofrece una respuesta más rápida y práctica en la resolución de conflictos. En función de estos convenios, la Consejería de Justicia e Interior facilita el espacio físico y los medios materiales necesarios para que las entidades colaboradoras puedan desarrollar la mediación penal.