El Gobierno de Canarias asumirá, a partir del 1 de enero, la gestión tributaria de los impuestos cedidos hasta ahora encomendada a las oficinas liquidadoras a cargo de los registradores de la propiedad. Según el decreto aprobado hoy, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones se recaudarán de forma directa por la comunidad autónoma a través de sus oficinas tributarias.

En este sentido, el Ejecutivo regional señaló que con la extinción de la vigente encomienda al colectivo de registradores, el Gobierno prevé un ahorro estimado de, al menos, un 50 por ciento del coste actual de gestión de recaudación, concretamente unos seis millones de euros, gracias a la implantación de este nuevo modelo que avanza hacia la próxima creación de la Agencia Tributaria Canaria.

Las funciones hasta ahora desempeñadas en las oficinas liquidadoras por el personal específicamente contratado por los registradores de la propiedad serán desarrolladas mayoritariamente por empleados públicos que se trasladarán a la Dirección General de Tributos desde otros departamentos de la comunidad autónoma.

Así, la atención al público se prestará en la red de oficinas tributarias del Gobierno presente en todas las islas.

Además del ahorro económico, esta modificación comporta un cambio sustancial en la gestión encaminado a lograr un modelo más eficiente. Con la asunción directa de la recaudación de estos impuestos, la administración canaria podrá ofrecer un tratamiento integral a los contribuyentes sobre todas sus obligaciones impositivas.

Prioridad al contribuyente

Con todo, esta nueva visión supone que se dará prioridad al contribuyente sobre el hecho imponible, es decir, el Gobierno de Canarias dispondrá de forma centralizada de toda la información relativa a todos los impuestos de cada ciudadano, lo que repercutirá en un mayor control de sus responsabilidades tributarias.

Con esta centralización, la administración ofertará un mejor servicio impulsando el cumplimiento voluntario del pago de impuestos al tiempo que dispondrá de herramientas más eficaces en la lucha contra el fraude fiscal.

Mientras, la liquidación de impuestos mediante esta fórmula fue una práctica iniciada por el Estado que, tras la cesión de tributos a las comunidades autónomas, tuvo su continuidad en estas. Sin embargo, en estos momentos otras autonomías también están suprimiendo o limitando esta práctica al entender que, con ello, mejoran sustancialmente su gestión.

En el caso de Canarias es ahora cuando se dan las condiciones precisas para poder extinguir estas encomiendas después de haber desarrollado años atrás una planificación adecuada que permitiera asumir este cometido sin poner en riesgo la recaudación.

Entre esas actuaciones programadas destaca la implantación de un sistema informático que posibilita una gestión integral de los tributos capaz de garantizar la consolidación de la información de los expedientes en una base de datos única. A esta aplicación se añade una completa readaptación de los recursos humanos que facilitará la aplicación de este nuevo modelo.

En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, ha señalado que la recaudación anual de estos dos impuestos ronda los 230 millones, y ha valorado que una Agencia Tributaria Canaria aumentaría la "eficacia" de la gestión y de la lucha contra el fraude fiscal al haber una base de datos única.

El Ejecutivo calcula que los registradores de la propiedad contaban con un personal de unas 100 personas que ahora se reducirá un poco por cuestiones de eficiencia, y se trasladará de diversos departamentos de la Comunidad Autónoma. A este servicio se han presentado unos 500 empleados públicos, según ha detallado Marrero.