La incapacidad de los nuevos dirigentes libios de consolidar su autoridad y de encontrar una solución a las grandes carencias y numerosos conflictos surgidos tras la caída del régimen de Muamar al Gadafi en 2011 continúan paralizando una transición política que no acaba de despegar.

Políticamente, el país lleva paralizado prácticamente desde las elecciones del pasado 6 de julio, de las que surgió el Congreso Nacional General (CNG) que tomó el relevo del Consejo Nacional de Transición (CNT), encargado de dirigir el país durante la revuelta popular armada que derrocó a Gadafi en 2011.

Las desavenencias entre los parlamentarios, en su mayoría independientes debido a la legislación electoral, retrasó la formación de un Gobierno de transición, dirigido por Ali Zidán, hasta el último día octubre. Antes, los legisladores había otorgado y retirado la confianza a un fugaz Mustafa Abu Shagur, acusado de favorecer a unas regiones sobre otras, y que se mostró incapaz de presentar un Ejecutivo que satisficiera a la Asamblea Legislativa.

Pero además, el Ejecutivo de Zidán, que tampoco se libra de las reservas de muchos de los diputados, no recibió el visto bueno definitivo hasta el pasado 27 de noviembre, cuando el Órgano Supremo para la Aplicación de los Criterios de Integridad y Patriotismo otorgó su confianza a la mayoría de los 30 miembros del gabinete.

Paralelamente al lento y tumultuoso despertar del nuevo Gobierno, el Parlamento (Congreso Nacional) tampoco es capaz de ponerse de acuerdo sobre los criterios para la creación de una comisión que se encargue de la elaboración de una Constitución, su principal misión.

Según el "Anuncio constitucional", una hoja de ruta elaborada en el verano del 2011, la Carta Magna debería estar finalizada antes de un año desde la formación del CGN, para ser sometida a un referéndum y, posteriormente, celebrar elecciones legislativas.

Sin embargo, la lentitud con la que avanza todo el proceso, en parte también fruto de las rivalidades políticas, regionales y tribales, no parece favorecer el cumplimiento de los plazos marcados. Uno de los dirigentes del minoritario partido Al Watan, Ismail al Qrintli, dijo que este estancamiento se debe, además de a la incapacidad de las autoridades, a la persistencia de la "corrupción política y económica".

"La estabilidad, la paz y el desarrollo estarán amenazados si no extirpamos de raíz la corrupción", indicó Al Qrintli. Asimismo, otros de los principales retos de los nuevos dirigentes políticos, además de la reconstrucción y reactivación de las instituciones y organismos del Estado, es el de absorber y desarmar a las numerosas milicias que siguen operando en el país, muchas veces imponiendo su propia ley, en un claro desafío al Gobierno de Trípoli.

El último de los ejemplos de este pulso de fuerza se registró a principios de diciembre, cuando un grupo de milicianos forzó el cierre de la refinería de petróleo de al Zawiya, al oeste de Trípoli, para pedir que varios compañeros con secuelas de la guerra fueran tratados en el extranjero.

El jefe de Estado Mayor, Yusef al Mangush, reconoció recientemente a un canal árabe la existencia de "importantes problemas" de seguridad, así como de dificultades para hacerse con el control de la situación. El asalto armado, el 11 de septiembre, al consulado de EE UU en Bengasi, en el que murieron asesinados el embajador estadounidense, Christopher Stevens, y otros tres funcionarios, no hizo más que confirmar la precaria seguridad que reina en el país, especialmente en esta localidad, la segunda más importante de Libia.

Desde el pasado verano, varios responsables de seguridad han sido asesinados en esta ciudad, capital de las fuerzas rebeldes durante la revuelta. El 20 de noviembre se registró el último episodio de violencia con la muerte del director de la Seguridad Nacional para Bengasi, Faray al Darsi, asesinado a tiros cuando regresaba a su casa.